Una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre siete predios que habrían sido adquiridos con dineros producto de las irregularidades detectadas en el proceso de contratación del interconector Tunjuelo-Canoas, que pretendía apoyar las actividades de descontaminación del río Bogotá.

Se trata de cinco inmuebles rurales y dos urbanos ubicados en Chía y Ricaurte (Cundinamarca) y Hato Corozal y San Luis de Palenque (Casanare) avaluado preliminarmente en más de 40.000 millones de pesos.

Estas propiedades pertenecerían al constructor Carlos Alberto Solarte Solarte, quien presuntamente se apropió de más de 48.620 millones de pesos, correspondientes al 20% del adelanto entregado por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para la realización de la obra civil.

Llamó la atención de la Fiscalía un predio en Casanare cuya extensión superó las 5.000 hectáreas. Además de lujosas construcciones en Chía en la sabana norte de Bogotá.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar los bienes afectados.

Esta es la segunda ocupación que se realiza por las anomalías identificadas en el contrato del interconector Tunjuelo-Canoas. En una primera fase, en 2021, fueron ocupados 77 bienes avaluados en 27.044 millones de pesos. Dichos predios fueron ubicados en Bogotá, Villavicencio (Meta), Cajicá, Girardot, Tabio (Cundinamarca) y Orocué (Casanare). Sobresale en este grupo una finca de 3.000 hectáreas y un condominio campestre.