La captura de un adolescente de 15 años como presunto autor material del atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay ha puesto en el centro del debate público las implicaciones legales y penales que recaen sobre los menores de edad en Colombia cuando cometen delitos graves. 

A diferencia del sistema penal para adultos, el tratamiento jurídico de los adolescentes se rige por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), establecido en el artículo 187 de la Ley 1098 de 2006, o Código de la Infancia y la Adolescencia.

Sobre este tema, el Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Nelson Saray Botero, aseguró que dicha ley consagra la privación de la libertad para delitos graves, “tales como homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas modalidades y delitos agravados de carácter sexual”. 

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“Estos son delitos considerados por el legislador como delitos graves. La sanción para esta clase de delitos graves es de dos a ocho años. Si se trata de un delito tentado, la sanción de conformidad con el artículo 27  del Código Penal será de uno a seis años”, indicó.

En Colombia, los menores de 14 años no son considerados penalmente responsables. Sin embargo, aquellos con edades comprendidas entre 14 y 18 años sí pueden ser declarados responsables penalmente, aunque bajo un marco legal diferenciado.

“La medida de internación preventiva será para los adolescentes que estén entre los 14 y 18 años, siempre y cuando se les endilgue uno de estos delitos”, dijo.

Añadió el magistrado que “la duración de la internación preventiva será de cuatro meses, prorrogable por un mes más a petición de la Fiscalía y obviamente por decisión del juez de control de garantías”.

Precisamente, este martes, un juez penal le impuso medida de internamiento preventivo en centro especializado al adolescente capturado por el atentado contra Miguel Uribe Turbay. El menor de edad fue llevado al búnker de la Fiscalía en Bogotá.

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Una fiscal adscrita a la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que no aceptó.  

¿Qué pasa después de los cuatro meses de internamiento?

El magistrado Saray Botero explicó que “al vencimiento de los cuatro o cinco meses en su caso se puede sustituir la medida por una asignación a una familia, traslado a un hogar o a una institución educativa”.

Puede suceder, de acuerdo con el jurista, que “en el transcurso del proceso, el adolescente se allane, o dos, que sea vencido en juicio”.

El allanamiento, en este caso, no tiene la rebaja de sanción como en el adulto, por eso es un sistema diferenciado. 

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“El allanamiento o aceptación unilateral de cargos es un criterio, entre otros, que le servirá al juez para establecer la sanción en concreto. Recordemos que en el sistema de adolescentes no existe la negociación”, resaltó Saray Botero. 

¿Qué sanción enfrenta?

Es importante resaltar que el SRPA opera bajo principios de carácter pedagógico, restaurativo y protector, buscando la resocialización del menor más que la simple imposición de una pena punitiva, por lo que según el profesional del derecho, si el adolescente se allana o es vencido en juicio, “se le impone una sanción y la misma puede ser modificada en cualquier momento por el juez de conocimiento del sistema de adolescentes, pues las finalidades de la sanción son de protección, de educación y de restauración”. 

Por la gravedad de los delitos del que se le acusa, el menor capturado el pasado sábado 7 de junio, instantes después del atentado contra el precandidato del Centro Democrático, afrontaría entonces la privación de la libertad en Centro de Atención Especializada, con una duración máxima de ocho años en los casos más graves, aunque generalmente oscila entre uno y cinco años, y tiene un enfoque formativo y restaurativo.