Jorge Enrique Gómez Urueta, el Juez que concedió la controvertida libertad a Emilio Tapia, vinculado con el “carrusel de la contratación” en Bogotá, es el mismo a quien la Fiscalía General de la Nación ordenó investigar por el escandaloso caso de la “tutelitis”, procesos con los cuales se pretendía cobrar por lo menos $25 mil millones al Distrito de Barranquillas por la denominada “mesada 15”.

El comportamiento del Juez Gómez Urueta fue puesta en conocimiento de la Fiscalía por parte de la Administración Distrital, que aportó abundante documentación sobre el tema, así como las denuncias hechas por Zona Cero y Atlántico en Noticias.

Básicamente, el objetivo era “revivir” un proceso archivado años atrás con reclamaciones que fueron negadas en el año 2002, lo cual condujo también a la Contraloría Distrital a emitir un control de advertencia sobre el detrimento patrimonial en que incurriría la Administración en caso de proceder con dichas reclamaciones.

Ante ello, la Fiscalía se pronunció en su momento de la siguiente manera:

"1.Que el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (Atlántico) denunció ante la Fiscalía General de la Nación, hechos relacionados con el trámite de unas acciones judiciales de incidente de desacato y de tutela a través de las cuales se pretende obligar desembolsar al Distrito multimillonarios recursos públicos por concepto de prestaciones sociales, cuyo pago no se encuentra cobijado por la ley.

“2. Con fundamento en los hechos denunciados dio inicio a una indagación preliminar cuyo conocimiento se asignó a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, con el fin de verificar la existencia del delito de prevaricato por acción, así como establecer la posible responsabilidad penal de los funcionarios judiciales Julio Ojito Palma y Jorge Eliécer Cabrera Jiménez, magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla; Jaime Angulo De Castro, juez penal del circuito de Barranquilla; Jorge Enrique Gómez Urueta, juez penal municipal de esa ciudad, y del abogado Luis Armando Mola Insignares".

El 25 de septiembre del año pasado la Fiscalía también imputó cargos contra Jorge Enrique Gómez Urueta, Juez 1ro de Ejecución de Penas de Barranquilla, por prevaricato por acción.

“Habría concedido irregularmente tutela en un proceso de justicia transicional, dejando sin efectos medidas cautelares sobre inmueble”, señaló la Fiscalía en esa oportunidad.

Ahora, la decisión de otorgarle la libertad a Emilio Tapia ha generado una controversia nacional.