El juez José De Jesús Vergara Otero, condenado a 7 años de prisión por el Tribunal Superior de Barranquilla, ha tenido un accionar en su carrera como togado plagado de polémicas decisiones y presunta corrupción judicial.

Entre 2015 y 2016, explotó un escándalo de corrupción judicial en Barranquilla, que en su momento llegó a ser denominado como un 'Cartel de la Toga'.

Uno de los protagonistas fue el juez José De Jesús Vergara Otero, de hecho, lo procesaron.

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La Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir, concusión, constreñimiento ilegal, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato por acción agravado, tráfico de influencias y falsedad en documento público.

Era señalado de integrar una red de corrupción judicial, que presuntamente manipulaba las audiencias en el centro de servicios judiciales y desviaba hacia despachos específicos, ciertos procesos penales con el fin de favorecer a los imputados.

El 9 de marzo de 2016, el Juez Primero Penal Municipal, con funciones de garantías de Usiacurí (Atlántico), negó la sustitución de medida intramural por domiciliaria a José de Jesús Vergara Otero, quien se desempeñaba como Juez 12 Penal Municipal de Barranquilla.

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Durante la audiencia el juez sugirió al Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) la reclusión del funcionario en una guarnición militar, en este caso a la Escuela Naval de Barranquilla.

Más decisiones polémicas

No obstante, el juez José De Jesús Vergara Otero siguió ejerciendo y profiriendo decisiones polémicas y cuestionables.

En 2019, el togado dejó en libertad a Delvis Sugey Medina Herrera, mujer que fue capturada por la estafa de libranzas de la empresa Élite, decisión que causó revuelo nacional y rechazo por parte de las víctimas

El 29 de marzo de ese mismo año, el juez también profirió otra polémica decisión, por la que fue condenado a 7 años de cárcel, el pasado 10 de julio 2025 por parte del Tribunal Superior de Barranquilla, fallo de primera instancia conocido e informado en primicia este martes por Zona Cero.

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Fue condenado como autor del delito de prevaricato por acción agravado, tras concederle la medida de detención domiciliaria a Juan Carlos Romero Gómez, alias 'JK'.

También, le impusieron al juez la multa de 66,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 80 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

El fallo de primera instancia del Tribunal, con ponencia del magistrado Luigi José Reyes Núñez, relata en la parte de los hechos, que Juan Carlos Romero Gómez, alias 'JK', fue capturado en diciembre de 2018 y era señalado por las autoridades como líder de mando medio de 'Los Pepes' y 'Los Costeños'.

Alias 'JK' fue imputado por la Fiscalía y posteriormente, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Sin embargo, el 29 de marzo de 2019, el togado José De Jesús Vergara Otero, quien para la fecha era el Juez 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, sustituyó la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario por detención domiciliaria, reconociendo la calidad de padre cabeza de familia en favor de alias 'JK'.

Consecuencias de la decisión

Tras recibir la medida de detención domiciliaria por parte del juez José De Jesús Vergara Otero, Juan Carlos Romero Gómez, alias 'JK', siguió delinquiendo.

De hecho, el Tribunal Superior de Barranquilla advirtió que violó la medida de detención domiciliaria y estuvo prófugo de la justicia hasta que fue recapturado el 25 de abril de 2021,  en la carrera 43B entre calles 65B y 66, barrio Boston, de Barranquilla.

En ese momento, la Policía lo señaló como el "heredero de la banda 'Los Costeños'".

Según las autoridades, Romero Gómez estaba encargado de las finanzas de la estructura criminal, señalada de extorsionar a comerciantes, hoteleros y trabajadoras sexuales del centro de la capital del Atlántico.

El 1 de mayo de 2021, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Juan Carlos Romero Gómez, alias 'JK', tras escuchar los argumentos de un fiscal de la Unidad Nacional contra Banda Criminales.

Alias 'JK' fue enviado a la cárcel de El Barne, en Tunja, Boyacá.

Otra polémica domiciliaria

El 13 de septiembre de 2021, el juez José De Jesús Vergara Otero también fue noticia en Barranquilla.

Ese día, de forma insólita e inédita, el togado le impuso medida de aseguramiento domiciliaria a Héctor Ramón Azuaje González, de nacionalidad venezolana; y Jesús Manuel Tapia Morelo, de Barranquilla.

Los mencionados,  presuntos integrantes de la banda 'Los Costeños', fueron capturados por la Policía el 8 de septiembre de 2021, cuando supuestamente iban a ejecutar el plan de asesinar a un comerciante en Barranquillita, al parecer, por el no pago de la extorsión.

Les hallaron en su poder una pistola con silenciador y un revólver calibre 38.

La Fiscalía los presentó en audiencia ante el juez José De Jesús Vergara Otero. El ente acusador les imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, partes, accesorios o municiones.

Dicha audiencia se llevó a cabo el 9 de septiembre de 2021. Ese mismo día, el Fiscal del caso solicitó medida de aseguramiento para Héctor Ramón Azuaje González y Jesús Manuel Tapia Morelo.

El abogado de los imputados pidió la suspensión y aplazamiento de la diligencia, y el juez la reprogramó para el 13 de septiembre.

Ese día, el abogado defensor pidió que se les impusiera a sus clientes una medida de aseguramiento menos restrictiva.

Cuando todos pensaban que el juez los iba a enviar a prisión, pues fueron encontrados con dos armas y un silenciador, y según las investigaciones iban a matar a un comerciante, el togado José De Jesús Vergara Otero, tomó la decisión de cobijarlos con la medida de casa por cárcel.

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La Fiscalía presentó recurso de reposición la decisión del juez y este la confirmó.

Además, el juez les impuso el brazalete electrónico, a sabiendas de que este elemento no es garantía para que no sigan armados en las calles estos presuntos integrantes de la banda 'Los Costeños'.

En pocas palabras, el juez ninguneó la investigación de la Fiscalía, en medio de la 'ola' de extorsiones que ya afrontaba Barranquilla.

Quedan en evidencia las polémicas decisiones del juez que ahora deberá pagar una condena de 7 años de prisión.