Una polémica se ha desatado en Barranquilla luego que el Juez 101 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de esta ciudad, Ángel Monroy, decidiera salir a “verificar” información sobre un indiciado que fue presentado por la Fiscalía este jueves por el delito de porte ilegal de armas.

La historia empezó luego que el Gaula de la Policía, el día anterior realizara una diligencia de allanamiento en un inmueble del barrio El Bosque y capturara una persona presuntamente indiciada por tener un arma de fuego en su inmueble y panfletos alusivos a ‘Los Pepes’ en la que amenazaban a tenderos y comerciantes que no estuvieran alineados a su organización criminal y con alguna relación con ‘Los Costeños’.

Hasta allí todo normal. El juez legalizó la captura y la diligencia de allanamiento, la Fiscalía le imputó cargos al hombre y este no aceptó cargos.

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Entre el material probatorio de la Fiscalía se encontraba registros fotográficos. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento contra el ahora imputado e incluso el abogado defensor solicitó aplazamiento de audiencia para recopilar material probatorio, incluido videos de cámaras de seguridad de una tienda cercana a su vivienda, lugar de su captura. 

Hasta allí todo fue válido, incluso hasta que la defensa solicitara aplazamiento para buscar elementos materiales para presentarlos en estrados, pero lo que llamó la atención es que el juez tomó la decisión de realizar una inspección él directamente al lugar de la captura del hombre e incluso dirigirse a la mencionada tienda para realizar labores de campo a fin de “tomar una mejor decisión”.

El juez en la audiencia solicitó apoyo policial para realizar la inspección con el fin de que “cerremos la posibilidad de atropellos que se pueda estar cometiendo y que no quede ese lastre de irregularidad”, al parecer, sobre la solicitud de medida de aseguramiento solicitada por el fiscal y algunos supuestas irregularidad mostrada por la defensa. 

Para algunos expertos en la material, el juez al salir a realizar verificación estaría tomando parte ante uno de los sujetos procesales y perdiendo su imparcialidad a la hora de tomar una decisión en el caso, por lo que el deber ser era que la defensa recopilara por sí misma los elementos materiales probatorios y debatir en estrado lo presentado por la Fiscalía.

Ha estado en otras polémicas

En abril de 2025 el Tribunal Superior de Barranquilla compulsó copias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico para que se investigara disciplinaria al juez por rehusar su competencia en un caso de presunta corrupción de 16 capturados en Soledad argumentando que los procesados no formaban parte de un grupo delictivo organizado (GDO) ni grupo armado organizado (GAO), dentro de su competencia.

El Tribunal indicó que la decisión fue precipitada y tomada antes de surtirse la audiencia de formulación de imputación.  

También estuvo en otra polémica cuando ordenó en marzo de 2020, en plena audiencia, el arresto de 48 horas a un fiscal.

Todo sucedió en desarrollo de la audiencia en la que el juez debía decidir la solicitud de medida de aseguramiento contra los 15 integrantes de una banda denominada 'Los Intocables'.

Fue en la sala 13 del Centro de Servicios en donde se registró este episodio que fue cuestionada por la Fiscalía.

Al parecer, hubo una discusión entre el juez y el fiscal delante de los imputados y sus defensores hasta el punto que el juez le habría dicho al fiscal que se "callara". La discusión conllevó a que el juez tomara la decisión de ordenar el arresto del representante del ente acusador.

Tras el episodio, el fiscal  fue conducido a la Unidad de Reacción Inmediata, URI, en el mismo lugar donde permanecían detenidos los presuntos integrantes de la banda.

También en septiembre de 2019 fue cuestionado por dejar en libertad a dos presuntos miembros del ‘Clan del Golfo’.