La Fiscalía General de la Nación imputó a Aleyda Saavedra Londoño, quien como juez Primera Penal Municipal de Sevilla (Valle del Cauca), habría asumido sin aparente competencia un hábeas corpus y reconoció el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada que contempla la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), para tres exmilitares investigados por ejecuciones extrajudiciales.

En la decisión del 25 de julio de 2017, la funcionaria judicial favoreció al teniente Antonio Rozo Valbuena, al subintendente Elkin Leonardo Burgos Suarez, y al soldado profesional Dalbelto Rincón, quienes estaban recluidos en centro carcelario por varios casos en los que habrían presentado civiles como integrantes de grupos ilegales muertos en combate.

La Fiscalía formuló cargos a la entonces juez por los delitos de: Abuso de función pública, porque la funcionaria judicial, con sede en Sevilla (Valle del Cauca), no tendría la competencia territorial para decidir las peticiones de los militares procesados y privados de la libertad en el Centro Militar Penitenciario de Bello (Antioquia).

Prevaricato por acción agravado, por cuanto la juez concedió los habeas corpus y desconoció que los recursos ya habían sido tramitados y negados por juzgados de Medellín, que los consideraron improcedentes.

Frente a los señalamientos de la Fiscalía, Aleyda Saavedra Londoño aceptó cargos. Actualmente, la juez está detenida en la cárcel de Jamundí (Valle del Cauca), por un caso similar en el que dejó en libertad a Francisco Pineda Paredes, un señalado narcotraficante pedido en extradición por Estados Unidos y excluido de la lista de desmovilizados de las de las Farc. La Fiscalía hace pública esta información por considerarla de interés general.