La Fiscalía General de la Nación radicó este jueves solicitud de audiencia de formulación de imputación contra 725 exintegrantes de las Autodefensas, por 22.221 hechos delictivos, que dejaron más de 49 mil víctimas. Todas ellas han participado de manera directa en los procesos penales contra las personas cuya imputación se solicita.

El cierre del Proceso de Justicia y Paz comienza con esta solicitud de imputación a 725 postulados, y significa el cierre parcial de ocho macroestructuras criminales, a saber:

Macro estructura de Salvatore Mancuso, que incluye los Bloques: Norte, Catatumbo y Montes de María, Bloque Central Bolívar,  Bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, Bloque Héroes de Tolová, Bloque Élmer Cárdenas,  Bloque Pacífico, Macro estructura de Heberth Veloza García, alias “HH” la cual incluye los Bloques Calima y Bananero y Bloque Centauros.

Entre los máximos responsables de las macroestructuras que se hallan en esta etapa de cierre, se pueden relacionar los siguientes:

Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’
Heberth Veloza García, alias ‘HH’
Salvatore Mancuso Gómez, alias ‘Mono Mancuso’
Hernán Giraldo Serna, alias el ‘Patrón’
Jorge Iván Laverde Zapata, alias el ‘Iguano’
Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’
Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’
Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’
Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’
Freddy Rendón Herrera, alias el ‘Alemán’
Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’
Dentro de los hechos cometidos por estas estructuras, se encuentran entre otros, los siguientes:

- Desplazamiento de Asociación de Mujeres Productoras del Campo (Asomuproca), ocurrido entre el 12 de enero de 1999 y el 24 de agosto de 2000 en Pivijay (Magdalena), que cobró cerca de 300 víctimas.

-  Homicidio del profesor Alfredo Correa de Andreis, 17 de septiembre de 2004, en Barranquilla. Correa de Andreis era ingeniero agrónomo y sociólogo, enseñaba en las Universidades del Norte y Simón Bolívar.

- Masacre de la cabecera municipal de Villanueva (La Guajira), el 8 de diciembre de 1998 con 11 víctimas letales.

- Masacre del Corregimiento de Santa Isabel, municipio de Curumaní (Cesar), el 8 de enero de 1.999 con 32 víctimas.

- Homicidio de la fiscal especializada de Sincelejo, Yolanda Del Carmen Paternina Negrete, el 29 de agosto de 2001, en Sincelejo (Sucre).

- Las masacres de Caunapí y la Guayacaná en Tumaco (Nariño), ocurridas en los años 2002 y 2003, respectivamente.

- Desaparición forzada de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Monsalve, el 6 de octubre de 2000, en la ciudad de Medellín (Antioquia) Defensores de derechos humanos y miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes).

- Masacre de Bojayá (Chocó) y desplazamientos masivos años 2002 con 1.300 víctimas.

- Desplazamiento de Las Mercedes en Quibdó ocurrido el 26 de noviembre de 1999 con 69 víctimas directas y 380 víctimas indirectas.

- Masacre de Gualanday, municipio de Corinto (Cauca) acaecida el 18 de noviembre de 2001, con 14 víctimas.

- Masacre de La Rochela cometida el 18 de enero de 1989 que cobró la vida de 12 personas, en el municipio de Simacota (Santander).

- Homicidio del Diputado de Meta, José Rodrigo García Orozco, en Villavicencio (Meta), el 26 de noviembre de 1992.

El avance en el cierre de estas estructuras es resultado del trabajo realizado por los Fiscales e investigadores adscritos a la Dirección de Justicia Transicional, con el fin de dar respuesta en materia de verdad y justicia a las más de 49 mil víctimas afectadas con los hechos; develando el fenómeno paramilitar en que se cometieron, a partir de la asociación de casos y el esclarecimiento de los fenómenos criminales de sus macro-estructuras.