Los seis imputados por el secuestro y las torturas de las que fue víctima el prestamista Carlos Alfredo Mejía Vargas aceptaron los cargos de secuestro simple agravado en concurso con tortura formulados por la Fiscalía y suscribieron un preacuerdo con el ente acusador.

Los investigados Luis Mariano Díaz, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz; Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz, aceptaron la propuesta presentada por el Fiscal Delegado ante jueces del circuito, Rodrigo Restrepo, durante la continuación de la audiencia de formulación de imputación.

En la diligencia judicial, el representante del ente acusador explicó que la negociación contempla a partir de la pena mínima prevista en el Código Penal para el delito de secuestro simple, que equivale a 128 meses de prisión. 

Añadió que a esta sanción se le suman 12 meses adicionales por el delito de tortura, al tratarse de un concurso de conductas punibles, para un total de 140 meses de prisión.

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El ente acusador precisó que al encontrarse en la etapa de formulación de imputación, considera procedente aplicar la rebaja del 50 % prevista por la ley, por lo que el preacuerdo establece una pena definitiva de 70 meses de prisión para cada uno de los implicados.

“La Fiscalía considera que es viable concederle la rebaja del 50% para que quede el preacuerdo en una pena a cumplir de 70 meses de prisión. Ese sería el preacuerdo que la Fiscalía hace con los indiciados. Considera la Fiscalía que ahí se dignifica la justicia”, manifestó el fiscal durante la audiencia.

El funcionario también explicó que, como parte del acuerdo, la víctima recibió la devolución de los 3 millones de pesos que su familia entregó tras el secuestro, además de una indemnización cercana a los 10 millones de pesos por concepto de reparación integral, que incluyó compensación por los 20 días de incapacidad sufridos.

Detalles del caso 

Las investigaciones contra los imputados tienen que ver con los hechos registrados la madrugada del sábado 23 de agosto de 2025, en el barrio Ciudad Modesto, en Barranquilla, de donde fue sacado a la fuerza Carlos Alfredo Mejía Vargas, quien se desempeñaba como cobrador. 

La Fiscalía explicó que los imputados, actuando de manera coordinada y con distribución de funciones, ejecutaron un plan para privar ilegalmente de la libertad a Carlos Alfredo, quien se desempeñaba como cobrador de la empresa informal de préstamos denominada "Soluciones Mano a Mano", señalando de apropiarse de entre 15 y 30 millones de pesos, perteneciente a esa organización de préstamo. 

Sobre el caso precisó que los procesados llegaron hasta la residencia de Mejía Vargas, intimidaron con armas de fuego a su familia y obligaron al cobrador a salir de su inmueble. 

Posteriormente, lo subieron en una de las motocicletas y se lo llevaron contra su voluntad hasta una vivienda ubicada en el barrio Las Granjas, en la localidad metropolitana de Barranquilla.

Según los detalles que reveló el investigador, la víctima permaneció retenida aproximadamente entre la 1:00 de la madrugada y el mediodía del mismo sábado, bajo el control permanente de sus captores. 

Mientras Carlos Alfredo Mejía permanecía secuestrado, los integrantes de la organización establecieron comunicación con sus familiares exigiendo el pago de 15 millones de pesos para dejarlo en libertad.

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Según el Fiscal, una vez los integrantes de la organización conocieron que la familia no disponía del dinero que exigían, estos sugirieron que entregaran una vivienda mediante la firma de la correspondiente escritura pública a favor de una persona designada por la organización.

La Fiscalía sostiene que durante las conversaciones los familiares recibieron amenazas de causar daño tanto a la víctima como a sus allegados si no accedían a las exigencias.

La investigación también señala que durante el tiempo que permaneció retenido, Carlos fue sometido a una serie de agresiones físicas y psicológicas con el propósito de obligarlo a aceptar la supuesta desaparición del dinero y revelar su ubicación.

Según el relato de la Fiscalía, la víctima recibió golpes de puño en el rostro y otras partes del cuerpo, patadas, golpes con tablas de madera, tubos y otros objetos contundentes.

Asimismo, habría sido golpeado repetidamente con la cacha y la punta de un arma de fuego y sufrió heridas ocasionadas con un arma cortopunzante en la mano derecha y en una de sus piernas.