En el caso de Adriana Pinzón, la psicóloga que desapareció el 7 de junio y, posteriormente su cuerpo fue encontrado el pasado 25 de junio en la vereda Río Frío, en Zipaquirá (Cundinamarca), hay nuevas evidencias que está recopilando la Fiscalía muy a pesar de haberse allanado a los cargos el imputado. 

En labores investigativas de la Fiscalía,  ésta solicitó a un juez de control de garantías que legalice las interceptaciones de llamadas de Jonathan Torres Campos, señalado del crimen de la mujer, hasta el momento de su captura. 

De igual forma, la autorización para buscar movimientos financieros de Adriana Pinzón después de su desaparición, historia laboral del procesado durante su vinculación con la Policía como patrullero. 

También fue solicitada por parte de la Fiscalía la toma de muestra de sangre a Torres Campos para cotejarla con la encontrada en el apartamento de la víctima. En esta última fue necesario que el ente acusador acudiera a un juez de control de garantías, toda vez que el procesado se negó a dar la muestra de manera voluntaria argumentando que él había firmado un preacuerdo en el cual aceptaba su responsabilidad y por lo tanto era innecesario este cotejo. 

Frente a esta situación, la representante de las víctimas, Lucia Karina Padilla, solicitó al juez que ordenara la toma de dicha muestra, teniendo en cuenta que si bien es cierto que el procesado firmó un preacuerdo, no es menos cierto que éste aún no ha sido aprobado por el juez de conocimiento y por lo tanto se está frente a una mera expectativa de aceptación de culpabilidad. 

Es así como el proceso contra Jonathan Torres avanza en investigación mientras se fija fecha para continuar con la etapa ante el juez de conocimiento en donde se determinará si acepta el preacuerdo o si la Fiscalía debe demostrar en juicio, con todos los elementos materiales probatorios y evidencia física recolectada, la responsabilidad del imputado. 

Hay que recordar que el preacuerdo con la Fiscalía está en la aceptación de su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada con la condición que pague una pena de 28 años de prisión.