Ante la citación hecha por el Juzgado 37 Penal de Bogotá, con función de control de garantías, la exgobernadora del departamento de  La Guajira, Oneida Rayeth Pinto Pérez, se negó asistir a la audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, por los hechos de corrupción en contratación que se registran en ese departamento.

A la exmandataria se le endilga ser la presunta responsable de los delitos de contrato incumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento privado.

Al ser instalada la audiencia pública, la defensa de Pinto Pérez advirtió que tras el extenso material probatorio, necesitaba tiempo para estudiarlo detalladamente.

El juzgado por su parte decidió acoger la petición de los litigantes y aplazó la  audiencia de solicitud de la medida privativa de la libertad.

Las investigaciones indican que Pinto Pérez siendo candidata a la alcaldía del municipio de Albania (La Guajira) habría determinado al alcalde municipal, a la Secretaria de Salud y al gerente encargado de la ESE Hospital San Rafael de esa población, para que suscribieran contratos y de ellos derivar recursos públicos que serían utilizados en la campaña política.

Los dineros hacían parte del programa estatal de reducción de la mortalidad infantil en poblaciones vulnerables de esta sección del país, para lo cual dispuso de un monto de $18 990 000 000, desconociéndose los procesos contractuales de planeación, transparencia, economía y selección objetiva.

Los testigos y elementos materiales de prueba señalan que no hizo estudios previos, técnicos y financieros que justificaran la necesidad específica de adjudicar al beneficiario de esta contratación.