Destituyen e inhabilitan a juez de Florencia por otorgar libertad condicional a dos condenados
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial determinó que faltó a la verdad procesal.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial destituyó e inhabilitó por diez años al juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, Caquetá, Óscar Enrique Aguirre Perdomo, por otorgar la libertad condicional a dos condenados como coautores por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes agravado, en concurso con concierto para delinquir con fines de narcotráfico.
El proceso disciplinario inició en la compulsa de copias que hizo el Juzgado 3° Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C. al resolver un recurso de apelación presentado por un tercer condenado por los mismos hechos y quien esgrimió el derecho a la igualdad para ser beneficiado con la libertad condicional, así como ocurrió con sus dos compañeros de causa.
El análisis realizado por la primera instancia del proceso disciplinario concluyó que el juez de Florencia, Caquetá incurrió en irregularidades al conceder la libertad condicional a los sentenciados pues no tuvo en cuenta la previa valoración de la conducta punible. En su decisión, el togado inhabilitado y destituido afirmó que en la sentencia condenatoria no se realizó pronunciamiento sobre el comportamiento y gravedad de la conducta punible respecto de los condenados.
Por lo anterior, el juez desconoció el deber de cumplir y respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico al proferir dos decisiones contrarias a la Ley.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial con ponencia del magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez determinó que al conceder la libertad condicional a los dos condenados, el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, Caquetá, realizó afirmaciones contrarias a la verdad, buscando otorgar apariencia de adecuada motivación para favorecer de manera anómala a los sentenciados.
El máximo tribunal disciplinario de empleados y funcionarios de la Rama Judicial afirmó que el actuar del juez investigado envió un mensaje errado a la sociedad y en particular, a otras personas condenadas por los mismos hechos “al punto de que uno de ellos invocó la aplicación del derecho a la igualdad para lograr su libertad con base a la decisión contraria a la Ley que profirió el inculpado, quedando en entredicho la transparencia que debe regir dentro de los procesos judiciales”, indica la providencia.
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