Dayana Jassir, esposa del asesinado director regional de Medicina Legal, Eduardo Pinto Viloria, y quien es investigada por ser presunta responsable del hecho de sangre, envió una carta al Juez Sexto Penal del Circuito de Barranquilla y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para solicitar que no se acceda a la petición dada por la Procuraduría de cambiar de ciudad el proceso que se lleva en su contra.

Jassir indica en la carta que “el señor Procurador Boris Gutiérrez Stand, quien dice actuar como Agente Especial, solicita cambiar la radicación del proceso porque presuntamente existen circunstancias que pueden afectar la imparcialidad o la independencia de la administración de la justicia de manera objetiva, ello porque mi apoderado principal Dr. Julio Ojito Palma hasta el 5 de febrero del 2016 fue magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla y ha intervenido antes del 5 de febrero del 2018, sin haber transcurrido los dos años. Ante esta manifestación del señor Procurador debo manifestar a esa honorable Sala que para el caso de asistirle razón al Procurador que mi abogado hubiese estado impedido para representarme lo que si resulta grave, sumamente grave es el hecho que atendiendo las funciones inherentes a su cargo, en especial de agente especial, no se hubiese opuesto al reconocimiento del abogado ante el Juez Sexto Penal del Circuito como mi apoderado en la audiencia en que otorgue poder”.

Según Jassir, de manera ‘extemporánea’ el Procurador manifestó la inhabilidad de su abogado. En la carta la mujer se dirige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia indicando que “grave resulta el hecho de que al momento de decidir la Sala Penal del Tribunal sobre la recusación a la que hace alusión en su solicitud, donde actuó como interviniente, no le pidiera a la Sala Penal se declararan impedidos o por lo menos les avizorara la presunta inhabilidad, lo que hizo fue guardar silencio, el mismo silencio que ahora le cuestiona a los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla ante la presunta inhabilidad de mi apoderado”.

En la misiva, Dayana recordó que envió una carta al Procurador General de la Nación en la que se le solicita el cambio del representante del Ministerio Público en su caso porque no tiene garantías para ella. Del mismo modo hace ver a los magistrados sobre lo acontecido en las audiencias a las que ella ha asistido, incluso aun estando en libertad por vencimiento de términos.

Con esta nueva carta y con la enviada la semana pasada por parte del Procurador del caso, será la Corte Suprema de Justicia la que decidirá si el proceso es trasladado o no a otra ciudad para que se finalice la audiencia preparatoria y se dé inicio el juicio oral.