El agente interventor de Air-e, Jaine Mesa Buitrago, salió a responder sobre el contrato de 1 billón de pesos suscrito con la empresa china CMC para mejorar las redes eléctricas en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

"En medio de la grave situación financiera que atraviesa Air-e, la financiación conseguida con China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC) por hasta $1 billón representa una de las mejores noticias para la región desde que comenzó la intervención", dijo el interventor

Señaló que ese acuerdo contempla una tasa de apenas 5,2 % efectivo anual, un plazo de 60 meses y, además, Air-e comenzaría a pagar un año después de que las obras financiadas hayan sido terminadas y entren en operación.

"Air-e tendría acceso a recursos de una magnitud suficiente para retomar inversiones urgentes en subestaciones y redes de distribución y transmisión, precisamente cuando la falta de liquidez y la dramática subejecución de inversiones están poniendo en riesgo el deterioro progresivo de la infraestructura", dijo el agente interventor.

Insistió que es la mejor opción de la compañía para lograr hacer inversiones porque no ha conseguido la compañía  créditos en otro lado ante la crisis que sostiene.

Destacó que la Procuraduría está dentro de sus facultades para solicitar información y así se lo harán saber para indicar que no hay ninguna irregularidad.

"El señor procurador está haciendo uso de la función preventiva de la Procuraduría, nos ha solicitado información en relación con el contrato para tener todo el detalle de cómo fue gestado este contrato, de cuál es el compromiso que se adquiere y hasta dónde pueden o no beneficiar esas inversiones la situación de la compañía", aseguró.

El agente interventor indicó que actualmente sigue vinculado a la empresa Air-e hasta el 30 de septiembre y hasta el último día en su cargo velará por las inversiones que requiere la región en materia de energía.

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Hay que recordar que la Procuraduría el pasado viernes requirió a la empresa de energía  y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para establecer las condiciones jurídicas, financieras y patrimoniales bajo las cuales fue estructurado y suscrito el negocio. 

"El seguimiento cobra especial relevancia porque Air-e se encuentra bajo toma de posesión y el agente especial debe informar a la Superintendencia los compromisos contractuales, presupuestales y de inversión que puedan afectar el patrimonio de la empresa", destacó la Procuraduría en un comunicado 

El Ministerio Público busca determinar, entre otros aspectos, si la Superintendencia conoció previamente la negociación y si la celebración del contrato requería su autorización, así como establecer el impacto que las obligaciones asumidas podrían tener sobre el endeudamiento, flujo de caja, capacidad de pago y sostenibilidad financiera de Air-e.

"También se solicitaron los estudios técnicos, jurídicos, financieros y de riesgos que sustentaron la operación, las garantías y fuentes de pago previstas y los soportes de las actuaciones adelantadas ante la autoridad de vigilancia", destacó el Ministerio Público.