La Contraloría General de la República ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal contra el Alcalde del Municipio de Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez, la Fundación Lirio de los Valles, la Supervisora del contrato, Doris Monsalve Parra, la Fundación Amira de la Rosa y el subcontratista encargado del transporte, por un detrimento fiscal estimado en $1.107.043.597, relacionado con presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de un contrato de suministro de 80.000 mercados a la población vulnerable de este municipio. 

En virtud de este contrato, suscrito por la Alcaldía de Malambo con la Fundación Lirio de los Valles, por un valor de $4 mil millones, los 80.000 kits de víveres deberían ser distribuidos en dos entregas. 

El detrimento fiscal está dado, principalmente, por la evidente diferencia entre los precios a los que la Alcaldía contrató los diferentes productos que conforman los mercados y el precio real al que la Fundación Lirio de los Valles pagó dichos productos a los mayoristas.   

Con soporte en las facturas de los proveedores de la Fundación Lirio de los Valles, esta diferencia asciende a $842.652.149 pesos. 

En el caso de algunos productos como pasta, arroz o harina de maíz, se encontraron precios de proveedores mayoristas facturados a esa fundación muy por debajo de los precios piso que para los mercados de Barranquillita y Granabastos identifica el DANE para esas mismas semanas. 

A través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, el organismo de control determinó también que habría un faltante en las cantidades de leche en polvo y de avena contratadas por la Alcaldía. No hay evidencia en las facturas de su compra por la fundación, lo cual se determina como fuente de afectación fiscal por la suma total de $137.586.595 pesos.  

La Contraloría pudo evidenciar que la fundación contratista compró más cantidades de las necesarias para el suministro de los mercados contratados, que parecen estar justificadas en el contrato de suministro que celebró con la Alcaldía, según las facturas y las declaraciones iniciales de la Fundación en la visita especial adelantada por los funcionarios de la Gerencia Departamental de la CGR en el Atlántico. 

Se encontraron, además, gastos no razonables en transporte de los mercados, lo que fue subcontratado por la fundación con una frecuencia de viajes no razonable, con vehículos de poca capacidad, a un promedio de $50 mil pesos cada viaje desde un centro de acopio organizado en el suroccidente de Barranquilla hasta Malambo, que por este sólo concepto implica un detrimento de $22.125.747 de pesos, incluido dentro del total de costos indirectos reprochados fiscalmente. 

El detrimento fiscal atribuible a los costos indirectos no razonables en que incurrió la Fundación Lirio de los Valles para ejecutar este contrato asciende a la suma de $126.804.853 pesos. 

Adicionalmente, se contrataron 80 personas con una remuneración mensual promedio de $3 millones de pesos cada contrato para descargar los productos, embalar y empacar los mercados, o sea por un valor de $178 millones de pesos, de los cuales la Contraloría sólo encuentra razonables la suma de $101 millones de pesos, de acuerdo con los indicadores de productividad y rendimiento evidenciados en la visita fiscal realizada a la Fundación y la verificación de facturas, cuentas de cobro, cantidades entregadas y otra información relevante. 

También se reprochan los $36 millones de pesos gastados por la Fundación en almuerzos para estos contratistas, que se presentan como costos indirectos del contrato.  

Como se evidenció que los contratos con estas 80 personas son verbales y que la Fundación Lirio de los Valles no habría verificado el pago de los aportes obligatorios a salud y pensiones, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR ordenó dar el traslado a la entidad competente para este tema: la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social, adscrita al Ministerio de Hacienda.  

Otros traslados   

Debido a las denuncias ciudadanas sobre la calidad del atún entregado en el contrato entre la Alcaldía del municipio de Malambo y la Fundación Lirio de los Valles, la Contraloría solicitó colaboración del INVIMA y de la Fiscalía General. 

Por las posibles faltas disciplinarias en que podría haberse incurrido por parte de los servidores públicos de la Alcaldía vinculados al proceso, también se ordenó compulsar copias del expediente a la Procuraduría General. 

Así mismo, con la apertura del proceso de responsabilidad fiscal se ordenó el traslado de copias de las pruebas recaudadas tanto a la Fiscalía General como a la Procuraduría General, a los despachos que también adelantan investigaciones en el caso de estos mercados de Malambo 

Papel de la Supervisora del contrato y de la Fundación Amira de la Rosa 

La supervisora de la ejecución del contrato también suscribió los estudios previos en que se determinaron los precios de referencia a los cuales contratar los productos que conformaban los mercados e igualmente firmó el certificado de idoneidad y experiencia de la fundación seleccionada como contratista Mientras tanto, 

La Fundación Amira de la Rosa arrendó el 16 de marzo de 2020 un inmueble en el suroccidente de Barranquilla, que la Fundación Lirio de los Valles le subarrendó para la ejecución del contrato de suministro.  

En la Fiscalía

Este proceso de la Contraloría General en contra del Alcalde de Malambo, es adicional al proceso que enfrenta en la Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía conoció que el alcalde de Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez, suscribió el 26 de marzo de 2020 un contrato por 4 mil millones de pesos con la Fundación Lirio de los Valles (Funlidelosva), para suministrar 80 mil kits de mercados en 30 días para la población vulnerable, invocando la modalidad de contratación directa en el marco de la urgencia manifiesta por el Covid -19. El 13 de abril fue suscrito un otro sí que, sin aumentar el valor del contrato, modificó la cantidad de entregas a dos por familia. Una profesional del Área de Proyectos Sociales del municipio fue la encargada de tramitar y supervisar tal contrato.

Por estos hechos, tres personas serán imputadas, entre ellas el alcalde, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y se solicitará la imposición de medidas de aseguramiento no privativas de la libertad.

A continuación, el comunicado completo de la Contraloría General de la Nación, con todos sus procesos anunciados:

*Con información de Contraloría General de la República y Fiscalía General de la Nación