Néstor Enrique Martínez Brito, funcionario de la Defensoría del Pueblo por más de 20 años, fue asesinado a tiros a las 5:30 de la madrugada de este miércoles, en el barrio Ranchería de Riohacha.

De 49 años, se desempeñaba en la entidad como Defensor Comunitario, y al momento del atentado se desplazaba en una motocicleta hacia la residencia de un hijo al que iba a llevar al colegio.

De acuerdo con la información recogida por la Policía, cuando Martínez Brito transitaba por la calle 20 con carrera 5, se le acercaron dos hombres en una motocicleta, quienes lo invitaron a que detuviera la marcha y se orillara.

Cuando el defensor atendió la orden, el parrillero de la motocicleta le disparó en dos oportunidades en la cabeza con un revólver. Murió de manera instantánea.

La única pista con que cuentan los investigadores judiciales son las imágenes del homicidio, captadas por varias cámaras de vigilancia del sector y que ahora son objeto de análisis.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, rechazó el asesinato de Néstor Enrique Martínez Brito, y lo recordó como un ser humano integral y un funcionario destacado.

Del mismo modo, precisó que el  hecho no solo enluta a la Entidad y a la comunidad, sino que crea una mancha indeleble contra la labor de quienes dedican su tiempo a ayudar a las comunidades.

“Asesinar a un funcionario de la Defensoría del Pueblo es golpear a la comunidad, atentar contra el bienestar de los más vulnerables e irrespetar las reglas básicas de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, aseguró Carlos Camargo Assis.

“Hoy quiero extender toda mi solidaridad a la esposa y los familiares de Néstor Enrique, así como a sus amigos y las comunidades que lo conocían. Le pedimos a la Fiscalía General de la Nación celeridad en la investigación y que prontamente sean judicializados los responsables de este crimen”, agregó el Defensor del Pueblo.

“La Defensoría del Pueblo es una institución nacional de derechos humanos, su función es promover y divulgar los derechos y cada uno de los funcionarios que hacen parte de ella tienen una misión que redunda en el bienestar de millones de colombianas y colombianos. El trabajo por los derechos humanos no puede convertirse en un estigma, ni mucho menos en un riesgo para la vida de quienes lo desarrollan”, puntualizó Carlos Camargo Assís.

Las autoridades tampoco han logrado establecer los móviles del crimen.