La Procuraduría General de la Nación pidió garantizar la seguridad jurídica de los proyectos de vivienda en el país.

Este pronunciamiento se da por el proyecto de decreto que establece los topes en el valor de Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), así como la propuesta de fijar su precio en pesos colombianos.

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El Ministerio Público, de manera preventiva, instaló la primera mesa interinstitucional para examinar los impactos jurídicos, económicos, contractuales y sociales derivados del proyecto de decreto.

Participan de este diálogo los ministerios de Vivienda, Hacienda, Comercio; así como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el Departamento Nacional de Planeación y los gremios del sector. Se destacan Camacol, Asocajas y Asobancaria.

“Es importante garantizar la seguridad jurídica de los proyectos en curso, la estabilidad contractual del sector, la coherencia con la jerarquía normativa vigente y la sostenibilidad financiera del sistema de vivienda, así como la protección efectiva de los hogares beneficiarios de programas VIS y VIP”, reiteró la Procuraduría.

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Las entidades del orden nacional y gremios acordaron avanzar en mesas técnicas especializadas para profundizar el análisis y evaluar alternativas regulatorias.

Se busca, de acuerdo con la PGN, evitar eventuales riesgos jurídicos, económicos o sociales que puedan afectar el interés general.

“La Procuraduría continuará realizando seguimiento a este proceso regulatorio, con el propósito de garantizar decisiones ajustadas a la Constitución y la ley, preservar la seguridad jurídica del sector y actuar en defensa de los derechos de los beneficiarios de vivienda de interés social”, apuntó.