En 1995 el Gobierno colombiano dio luz verde a los terratenientes del país para 'administrar justicia' y crear grupos de 'seguridad'. La presidencia de Ernesto Samper reglamentó y puso en práctica el decreto 356 de 1994 aprobado por su predecesor, César Gaviria Trujillo, en el que se establecían las pautas de funcionamiento de nuevos grupos de "servicios especiales de vigilancia y seguridad privada". En el papel estos grupos tenían como objeto "proveer seguridad para desarrollar actividades en áreas de alto riesgo o de interés público", en la práctica fue la herramienta por la cual el medio rural del país se llenó de ejércitos personales y mercenarios.

Ante el aumento de la fuerza y presencia de los grupos guerrilleros, el Estado no encontró mejor forma de ejercer control en el campo que delegándolo sobre los hacendados, quienes ya llevaban años armando y entrenando a personas ajenas al Ejército con armas y dotación exclusiva del Ejército: los paramilitares. Bajo el nombre de Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la autodefensa agraria, nacieron las Convivir o, lo que es lo mismo, grupos que sirvieron de informantes para las autodefensas entre 1994-1997 y que, en algunas ocasiones, actuaron como combatientes del conflicto armando.

Una reciente sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín revive los fantasmas de aquellos tiempos y relaciona al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez con la consolidación de uno de los mayores estigmas de la historia colombiana, apenas una semana después de que el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, pidiera a la Corte Suprema de Justicia que investigara al exmandatario por su relación con la masacre de El Aro, en la que 17 campesinos fueron asesinados y torturados, y 702 fueron desplazados de sus casas.

"Por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y Convivir, vinculadas con éstos, y/o concertarse con ellos", es la razón argüida en la sentencia de la Sala de Justicia y Paz para ratificar la investigación a Uribe, escrita con algunos de los términos más duros que se hayan usado alguna vez contra el actual senador en un documento de índole pública.

Las acusaciones se basan en los testimonios de paramilitares desmovilizados, quienes estuvieron implicados en la masacre de El Aro. Sus confesiones se suman a las del paramilitar 'Don Berna' -extraditado en EE. UU.- en las cuales se apoyó la Fiscalía para pedir la investigación contra Álvaro Uribe y que, a su vez, están relacionadas con las de 'Cristian Barreto', otro líder paramilitar, que fue asesinado por sicarios en 2009.

La historia no está de parte del expresidente, pues el periodo de su mandato en la Gobernación de Antioquia (1995-1997) coincidió con el auge y expansión de las 'Convivir'por todo el país. En este sentido, la Sala de Justicia y Paz afirma que "fue en este Departamento donde se creó la primera de dichas asociaciones y donde se concentró buena parte de ellas", y asegura, además, que "dos de los principales promotores de la iniciativa fueron Álvaro Uribe Vélez, por ese entonces Gobernador de Antioquia y su Secretario de Gobierno Pedro Juan Moreno Villa".

De hecho, en la Secretaría de Gobierno existía una oficina dedicada especialmente para asesorar a las personas que querían crear una 'Convivir', muchas de las cuales quedaron registradas a nombre de personas estrechamente relacionadas con el paramilitarismo.

No es necesario, en todo caso, escarbar demasiado en pruebas circunstanciales. El mismo senador Álvaro Uribe, cuando era Presidente de la República, aseguró en una entrevista a W Radio, realizada en 2006, que:

"He estimulado las ‘Convivir’ porque creo que es una manera organizada, transparente, de que los particulares –como manda la Constitución en un Estado Social de Derecho, le ayuden a la Fuerza Pública-. Pero, para cuidar mi autoridad, para cuidar mi discurso de seguridad, para cuidar mi recorrido público y además por convicciones democráticas y cristianas, yo no tengo ni tendré ni he tenido un sólo contacto con los paramilitares".

Sin embargo, como ha quedado demostrado ya en diversas ocasiones, por los mismos testimonios de quienes hacían parte de sus filas y aquellos que sufrieron sus crímenes, las 'Convivir' contaban entre sus filas con paramilitares, y cometieron diversos crímenes de lesa humanidad que hicieron que, en 1997, el Estado cambiase el mismo decreto que las reglamentó en 1994, y les conminara a devolver todo la dotación bélicade caracter restringido que poseían.

Uribe aseguró durante aquella entrevista radial que: "Yo, como gobernador electo de Antioquia, lo apoyé. Creo que se crearon en ese gobierno (Ernesto Samper) 600, 700 ‘Convivir’, yo me hice responsable de 69, 70 en Antioquia y las defendí y las asimilo a lo que hoy tenemos". Un panorama preocupante, si se toma en cuenta el papel que estas organizaciones tuvieron en la consolidación de las autodefensas en Antioquia. (Haga click aquí para acceder a la transcripción completa de la entrevista).

(Haga click sobre los círculos para acceder a más información sobre las Convivir en Colombia).

En el texto de la Sala de Justicia y Paz se hace mención al caso de la llamada 'Pacificación de Urabá', nombrada así por las autoridades. "Ésta se logró no sólo de la mano de los grupos paramilitares, sino también de la mano de las 'Convivir' que funcionaron en la región por esa época, entre los años 1995 - 1997, impulsadas y apoyadas por el Gobernador Uribe Vélez".  La acción consistió en la lucha abierta contra los grupos guerrilleros en la zona que comprende el Urabá antioqueño, pero, también supuso el asesinato de personas que eran señaladas por los miembros de las Convivir como colaboradores de guerrilleros, muchas veces sin pruebas evidentes. 

La sentencia de la Sala de Justicia y Paz ordenó a la Comisión de Acusaciones que presente un informe público sobre las investigaciones que se le adelantan al expresidente para conocer el estado de las mismas. Lejos aún de saber el resultado, cabe decir que las declaraciones del expresidente a lo largo de su carrera política demostrarían, al menos, una cierta ignorancia del tiempo en el que colaborar con paramilitares fue legal.