Tres alcaldías del Atlántico no han cumplido con el reporte de avance a la gestión
El incumplimiento es causal de sanción disciplinaria, advierte el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Las alcaldías de los municipios de Sabanalarga, Candelaria y Juan de Acosta no han reportado la información del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión, FURAG, dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual debe ser diligenciada antes del vencimiento este viernes 22 de marzo.
“El diligenciamiento del FURAG se ha asumido de una forma muy diligente por parte de las entidades del orden nacional, las gobernaciones y ciudades capitales del país; por esta razón, invitamos a las demás entidades que no han reportado su información a hacerlo antes del vencimiento del plazo establecido”, afirmó el director de Función Pública, Fernando Grillo.
El FURAG es una herramienta en línea de reporte de avance de la gestión como insumo para el monitoreo, evaluación y control del desempeño institucional.
Adicionalmente, esta entidad de Gobierno anunció que este viernes se llevará a cabo una jornada especial de asesoría para del FURAG a las entidades descentralizadas del Atlántico (como hospitales institutos de tránsito, recreación, valorización, mataderos y plazas de mercado, entre otras).
Para mayor información, las entidades y servidores públicos podrán enviar sus inquietudes al correo electrónico soportefurag@funcionpublica.gov.co; acceder al chat virtual de EVA, y comunicarse al PBX 7395656, extensiones 301, 302, 303, 306, 307, 318, 611, 615, 616, 617 y 622, ó al 5610397.
Las entidades recibirán también asesoría en el diligenciamiento de la información relacionada con empleos vacantes que deben reportar a través del FURAG, para lo cual podrán contactar a los asesores de la Dirección de Empleo Público, en el teléfono (1) 7395656 ext 701 a 725.
Cabe recordar que el pasado 7 de marzo la Procuraduría General de la Nación emitió la Circular 004 de 2019, en la que recuerda a los representantes legales de las entidades públicas que el incumplimiento de estas obligaciones puede generar responsabilidades disciplinarias.