El reciente anuncio del Presidente Gustavo Petro de retomar las funciones de las comisiones reguladoras de los servicios públicos domiciliarios, sigue generando polémica, preocupación e incertidumbre entre prestadores e inversionistas.

De hecho, las agremiaciones agrupadas en Andesco se pronunciaron de manera enérgica advirtiendo sobre los riesgos que para los sectores de energía y gas representa no solamente el anuncio presidencial sino que el mismo se haga efectivo.

Este pronunciamiento lo hicieron la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis); Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg); Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen); la Asociación de Energías Renovables Colombia (SER Colombia), todas ellas agrupadas en la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco).

“Los sectores eléctrico y de gas natural, desde las Leyes 142 y 143 de 1994, han contado con una institucionalidad robusta y estable que ha permitido que todos los actores, incluyendo el Gobierno, inversionistas y empresas públicas, privadas y mixtas, trabajemos de manera articulada logrando, en las últimas tres décadas, mejoras significativas en cobertura y calidad de estos dos servicios públicos esenciales para los ciudadanos”, aseguran.

Sin embargo, para estos actores del sector energético, las señales anunciadas recientemente de retomar las funciones de regulación de los servicios públicos domiciliarios “debilitan la institucionalidad y con ello en riesgo la confianza de los agentes prestadores de estos servicios para ejecutar las inversiones públicas y privadas necesarias para garantizar los mismos, incluyendo que probablemente se verán afectados los proyectos que permitirán al país avanzar en el proceso de transición energética, lo que perjudicaría a todos los colombianos”.

Sostienen que es fundamental garantizar la seguridad jurídica que permita contar con reglas razonables y estables y mantener la independencia de los entes de regulación, “para asegurar la confiabilidad de los sistemas y, por tanto, de los servicios de electricidad y gas natural, evitando situaciones que pongan en riesgo la prestaciòn continua de los servicios, debido a la toma de decisiones sin el suficiente soporte técnico”.

Frente a esta situación expresaron su disposición “para trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República y sus entidades delegadas, para buscar soluciones y mejoras sostenibles y con rigor técnico, que contribuyan a la situación actual, en el marco de la institucionalidad y de las mejores prácticas recomendadas en asuntos de política pública y regulación sectorial”.

Desde el mismo momento en que se produjo el anuncio del Presidente Petro, Andesco fijo claramente su posición de apartarse de esa eventualidad.

“Tomar decisiones políticas y no técnicas es muy peligroso para el país y puede terminar afectando a quiénes se pretende beneficiar: las personas de escasos recursos. Esto acabaría un proceso que ha venido funcionando, lo que se evidencia en el aumento que hemos tenido en la cobertura, calidad y continuidad de los servicios. Sabemos que nos falta por mejorar, pero hemos avanzado mucho más que el resto de Latinoamérica”, sostiene Camilo Sánchez, presidente ejecutivo de Andesco.

Recordó que “a diferencia de lo que se especula, en Colombia tenemos una gran cantidad de empresas de Servicios Públicos que son públicas, adicional a las mixtas y privadas. Esta competencia es lo que ha permitido mejorar el servicio desde 1994 a la fecha”. 

“Sabemos que hay personas que no pueden pagar, para esto los subsidios que otorga el Gobierno se deben focalizar de mejor manera y destinar parte de los recursos que se han recogido con la reforma tributaria para ayudar a estas familias. Recordando además que en nuestro país también tenemos subsidios cruzados a través de los cuales los estratos 5 y 6, industriales y comerciales, ayudan a financiar los estratos 1, 2 y 3”, puntualizó.