La decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que permitió el incremento de un 23.7% del salario mínimo complicó ahora el panorama laboral y a otros sectores en Colombia que dependen de este factor para ajustar sus tarifas.

Una vez el Presidente Gustavo Petro decretó el aumento a $2 millones del salario vital, contando el subsidio de transporte, el 29 diciembre de 2025, se desataron en cadena ciertos impactos en el costo vida de las personas.

Sectores como el transporte público urbano e intermunicipal, la administración en propiedad horizontal, el costo de la vivienda, entre otros indexados a este indicador, materializaron sus incrementos con respecto al decreto del Gobierno nacional.

Asimismo, desde el Estado, se pagaron pensiones y los primeros sueldos y ajustes del mínimo a la Fuerza Pública y a los médicos internos que ejercen su labor en el país.

Ahora, ¿qué pasará con el salario mínimo en Colombia y con estos aumentos ya realizados?

¿Reversar los incrementos?

De acuerdo con Roberto Morales, economista de la Universidad Libre, la decisión del Consejo de Estado —desde el punto de vista económico— podría restaurar “cierto equilibrio”, debido a que el incremento hecho por el Gobierno casi que cuadruplicaba el aumento en comparación con los años anteriores.

“Esto podría impactar enormemente en la inflación, y la economía se vería forzada a producir más, pero con costos mucho más elevados. Incrementar el salario en casi un 23 % podía disparar el desempleo, especialmente en las pymes, que constituyen un gran porcentaje del tejido empresarial colombiano. Por tanto, este impacto recaería en un desempleo más alto en 2026 y en mayores presiones inflacionarias”, dijo.

Sostuvo que el argumento del Consejo de Estado para suspender el decreto, mientras haya una decisión de fondo, es que no se tenía una base técnica verificable como el IPC, el PIB y la productividad. Es decir, que el Gobierno debía hacer un análisis mucho más profundo de estas tres variables para determinar un ajuste en el incremento del salario mínimo.

El analista precisó que esta medida que suspende el alza, en el ámbito laboral, implica que los salarios ya pagados en enero permanecerán intactos, sin embargo, dijo que las empresas a futuro podrían recalcular los costos.

“Legalmente no se le puede exigir al trabajador que devuelva ese dinero (…) las empresas revisarían nuevamente sus presupuestos, los trabajadores mantendrían sus derechos adquiridos y esto, de cierta forma, reduciría los costos de contratación, algo que sería favorable para el panorama que viven las microempresas colombianas”, explicó.

El economista Roberto Morales aseguró que, en cuanto a la tarifa del transporte público, que también subió con relación al salario mínimo, las autoridades podrían pausar o incluso ajustar esos incrementos de acuerdo con el nuevo escenario salarial.

“Eso es lo que se espera en los próximos días: que se haga un ajuste y que se reviertan aumentos cercanos al 11 %”, anotó.

Enfatizó que la decisión del Consejo de Estado podría representar un alivio, sobre todo para las microempresas, que han tenido dificultades en materia de contratación debido al fuerte aumento de los costos, especialmente los operacionales.

Incertidumbre para el empresariado y el trabajador

Carlos Delvasto, docente de Derecho en la Universidad del Norte, dijo por su parte que la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto del aumento del salario mínimo es una medida provisional tomada en sentido jurídico y en derecho.

Señaló que parte de los efectos que esta podría causar en el plano económico es responsabilidad del Gobierno nacional, en cabeza del Presidente Gustavo Petro, al expedir un decreto sin atender los criterios que exige la ley para fijar el salario mínimo.

“Pasó por encima de la ley y de las sentencias de las altas cortes y decretó un aumento del 23 %, utilizando el concepto de salario mínimo vital de la OIT y estudios del extranjero, sin tener en cuenta los parámetros legales para fundamentar el decreto”, dijo.

Aseguró que la actitud del mandatario con respecto al tema refleja cierto autoritarismo y parte de la decisión del Consejo de Estado se traduce en poner un límite al poder presidencial.

“Ese mensaje no es solo para este Presidente Petro, sino también para los que vengan. Esa es la importancia de las reglas en una democracia”, explicó.

Sostuvo que muchas empresas, con la suspensión del decreto, quizás mantengan el aumento del 23 %, debido a que reducir el salario —según dijo— generaría conflictos internos y frustraría expectativas.

“Otras empresas, especialmente las que tienen dificultades financieras, pagarán el salario que finalmente establezca el decreto ajustado a lo que ordene el Consejo de Estado. Y habrá empresas que adopten una posición intermedia. Eso dependerá de la gestión interna de cada organización”, anotó.

El analista indicó que, si bien esta decisión puede verse como un alivio, porque permite corregir presiones inflacionarias, también genera un panorama de incertidumbre en el plano laboral, tanto para el empresariado como el trabajador.

“Para los empresarios, la certidumbre es fundamental: calculan costos y precios con base en el salario mínimo. Si el costo laboral cambia nuevamente, surge la duda sobre precios, salarios y contratos. Esa incertidumbre es un costo de transacción para el mercado, y su impacto será diferente en cada sector”, dijo.

En el caso de los trabajadores, señaló, se generaron muchas expectativas, asumieron compromisos financieros o tomaron decisiones económicas con base en el aumento del salario 2026.

“Reducir el salario o modificarlo afecta la motivación laboral y la estabilidad económica”, apuntó Delvasto, quien agregó que cada empresa podrá decidir, en ejercicio de su autonomía, si mantiene el aumento, lo ajusta o negocia con sus trabajadores según su capacidad financiera.