El Procurador General de la Nación, Fernando Carillo Flórez exhortó a las autoridades del orden nacional y departamental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a inspeccionar, verificar y hacer seguimiento a los procesos de contratación, recuperación y reconstrucción de la isla, tras la declaratoria de desastre por el paso del Huracán Iota, y garantizar los derechos humanos de sus habitantes.

El jefe del Ministerio Público expidió la Directiva No. 036 del 16 de diciembre del 2020, en la que instó a “cumplir con todas las normativas generales, especiales o reglamentarias, expedidas o implementadas con ocasión de la declaratoria de situación de desastre y la ejecución del Plan de Acción Específico elaborado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; así como de los principios de la contratación estatal, en todos los procesos y en toda actividad tendiente a las adquisiciones de bienes, obras y servicios requeridos para recuperar y reconstruir el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

Carrillo Flórez pidió ejecutar el Plan de Acción Específico elaborado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para la recuperación y reconstrucción del territorio insular e informar de manera pública y expresa sobre las fuentes presupuestales dispuestas para su financiación.

El Procurador solicitó determinar el monto total de los recursos públicos comprometidos o apropiados para tal efecto; y los ingresos por donaciones y/o aportes, tanto nacionales como internacionales. 

El jefe del Ministerio Público, como lo sostuvo en las reuniones de este jueves en San Andrés con líderes raizales, y autoridades del orden nacional y departamental, convocó a la participación de las comunidades del archipiélago, para avanzar en la recuperación y reconstrucción de las islas, y  publicitar y divulgar el resultado de las actividades y temáticas tratadas en las “mesas de trabajo” que se desarrollen con líderes sociales, comunales, religiosos, comunidades negras, raizales y demás, como representantes de los habitantes e isleños.

El PGN instó a la gobernación a cumplir rigurosamente el artículo quinto del Decreto 0024 de 2017, en relación con las reuniones ordinarias bimensuales de la “Mesa Departamental de Concertación y Diálogo con el pueblo raizal del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, y precisó que se hace urgente una convocatoria de manera extraordinaria para que sesione a la mayor brevedad.

De acuerdo con la Directiva 036, para el ente de control es prioridad garantizar la transparencia, eficiencia, moralidad, economía, y en general, la integridad en la contratación estatal, de manera especial durante el período de vigencia de la situación de desastre declarada, y de su prórroga si la hubiere.

Así mismo, el Procurador instó a “las entidades a quienes se dirige la presente Directiva, a considerar los hechos que pueden atentar contra las medidas especiales adoptadas o las gestiones de responsabilidad de los entes del Sistema Nacional de Atención del Riesgo de Desastres, con el propósito de avanzar en la pronta y efectiva recuperación y reconstrucción de las islas, y evitar conductas que puedan ocasionar faltas disciplinarias, de responsabilidad fiscal o comisión de hechos punibles”.

Entre estos riesgos identificó la contratación que no resulte necesaria, como material publicitario dirigido a una población con acceso a televisión o internet, que cuenta con información suficiente; entrega de bienes para actividades diferentes a la atención de la situación de desastre, falta de idoneidad del contratista, por no tener capacidad financiera o experiencia, y contratos para la compra de bienes o servicios con sobreprecios, independiente de las posibles distorsiones del mercado.

Carrillo Flórez insistió que la PGN estará vigilante al cumplimiento estricto de las normas en materia de contratación y labores eficientes, oportunas, diligentes y sin dilaciones o retardos injustificados, para la recuperación y reconstrucción del territorio insular, de manera que los recursos estén orientados y se dispongan a viabilizar las gestiones interinstitucionales para la implementación del Plan de Acción Específico. 

Además, pidió a la Comisión Regional de Moralización de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que será convocada por la procuraduría regional para“poner en marcha los lineamientos generales dados por la Comisión Nacional de Moralización orientados en esta situación de desastre por la devastación provocada por el paso del Huracán Iota, garantizar, coordinar y promover las acciones de prevención de riesgos de corrupción en la ejecución de los recursos públicos dispuestos para la recuperación y reconstrucción”.