La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Educación analizar la situación económica y estructura de la Universidad del Magdalena.

La decisión obedece al estudio de la solicitud de tutela que presentó Nicolás, un joven de 20 años con trastorno del espectro autista y en situación de discapacidad intelectual y psicosocial, quien no fue admitido en la Universidad del Magdalena para el programa de ingeniería de sistemas, pese a superar el puntaje mínimo requerido en las pruebas Saber 11.

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La Universidad basó su argumento en las limitaciones presupuestales para implementar cupos especiales para personas en situación de discapacidad, pese a contar con una normativa interna que los contempla desde 2019. La institución señaló que no contaba con la disponibilidad presupuestal suficiente para brindar los apoyos y ajustes necesarios.

La Sala Tercera de Revisión protegió los derechos a la igualdad y no discriminación, al acceso y permanencia en la educación superior, a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad de Nicolás, al considerar que la institución no implementó progresivamente los cupos especiales ni efectuó ajustes razonables en su proceso de admisión.

La Corte recordó que el acceso a la educación superior es un componente fundamental del derecho a la educación, que implica la obligación del Estado de garantizar que todas las personas, sin discriminación, tengan la oportunidad de ingresar al sistema educativo. En ese orden, las instituciones educativas deben implementar medidas que eliminen barreras y faciliten el ingreso de grupos históricamente marginados.

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En consecuencia, la magistrada Diana Fajardo le ordenó a la Universidad que tome las medidas pertinentes y necesarias para que, a partir del segundo semestre de 2025, comience a implementar progresivamente los cupos especiales para personas en situación de discapacidad. Además, que asegure la conformación de un equipo interdisciplinar para que apoye y guíe el proceso de admisión durante el cual deberá tener habilitado el cupo especial.

Por otro lado, le ordenó al Ministerio de Educación que realice una evaluación de la situación financiera y de infraestructura de la Universidad del Magdalena.

Esta evaluación deberá identificar las necesidades específicas para la implementación plena de sus políticas de inclusión y proponer mecanismos de apoyo y financiación para fortalecer la capacidad institucional en este ámbito.