Serios cuestionamientos hizo la Liga de Usuarios de Servicios Públicos al borrador “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 de 2015, único reglamentario del sector administrativo del sector Minas y Energía, y se establecen políticas y lineamientos para promover la eficiencia y la competitividad del servicio público domiciliario de energía eléctrica”.

En esencia, según el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Gustavo Petro, lo que se pretende es regular con equidad el marco tarifario en el país, con el fin de frenar las diferencias existentes entre las mismas regiones del país. 

Este hecho afecta con mayor rigor a la Región Caribe, cuyos usuarios están sometidos a un régimen especial con el cual pagan las trufas más costosas del país.

Por ello, la promesa de Petro es disminuir las tarifas en el Caribe, para igualarlas con las del resto del país.

“La Liga Nacional de Usuarios cree que no es posible la reducción de las tarifas de energía de acuerdo con el proyecto de la Resolución”, expresó Norman Alarcón Rodas, presidente de la Liga.

En su concepto, con el marco propuesto el Gobierno desconoce y esquiva las causas de los aumentos de las tarifas de energía eléctrica en el país y peor en la Región Caribe “que es donde hemos llevado la parte más pesada”.

Cuestionó que en el borrador tampoco se menciona el régimen especial tarifario eléctrico “que fue el que ocasionó las alzas más despiadadas desde el artículo 318 del Plan Nacional de Desarrollo de (Iván) Duque y la Resolución 010 de la CREG”.

“No habla nada de las altas rentabilidades que tienen las empresas eléctricas, entre ellas las generadoras que son del 12% anual cuando en la Unión Europea la tasa de rentabilidad es del 4%. En estas condiciones el sector productivo no puede competir con otros país”, recalcó.

Cobro injusto de pérdidas eléctricas sigue intocable

Del mismo modo advirtió que el borrador tampoco se refiere a las pérdidas eléctricas “que nos han golpeado de manera despiadadas. En el Atlántico, en la última facturación nos cobran 199 pesos por pérdidas eléctricas, mientras en Medellín y Bogotá están en alrededor de los 60 pesos”.

“No se menciona una medida radical para resolver el tema de las pérdidas de las pérdidas eléctricas sino que se pueden rebajar a través de la autogeneración de energía que son planes a largo plazo y para una parte mínima de los usuarios”, reiteró.

Para Norman Alarcón, resulta igualmente lesivo el hecho de que en el borrador planteado el Gobierno actual aprueba la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) que ha sido rechazado por miles de usuarios “porque es una medición sofisticada, innecesaria y costosa, y un nuevo factor de aumento tarifario”.

En otros términos, recalcó, “el Gobierno actual ratifica el régimen especial tarifario que nos impuso Duque”.

Por todo ello consideró que este proyecto no va al fondo del problema de una situación que es grave, “porque en el Atlántico se nos pone más difícil, hay despidos masivos en la empresa Air-e”.

“La situación es muy difícil y vemos que la política pública eléctrica del actual Gobierno no está apuntando en la decisión correcta”, puntualizó.

“No ataca el problema tarifario”: Senador José David Name

Por su parte, el Senador José David Name Cardozo también cuestionó el contenido de dicho borrador.

“No veo que el Decreto ataque directamente el problema tarifario. El Gobierno Nacional tiene que tomar decisiones de fondo con los generadores hidráulicos”, indicó.

Manifestó que “la justicia tarifaria” pregonada por el Gobierno Nacional  no dio resultados “y nosotros anticipamos que eso no iba a dar resultados. Nunca ha dado resultados que el empresariado energético del país baje las tarifas porque no lo van hacer y no lo han hecho hasta el momento”.

Por estas circunstancias dijo que no votará el Plan Nacional de Desarrollo (PND) e invitó a los congresistas de la Región Caribe que no lo voten hasta que sea incluido un artículo para poder resolver o mitigar el tema de las tarifas de energía.

“El Gobierno Nacional tiene que meterle recursos económicos del Presupuesto General de la Nación si quiere solucionar el problema a mediano plazo. Hoy tenemos problemas con los proyectos de La Guajira y otros que se habían anunciado por las diferentes consultas étnicas en el país”, agregó.

Afirmó que “el problema energético está subiendo el costo de una manera alarmante y el Decreto no ataca de fondo el problema de la carestía de energía. Valledupar y Montería, atendidos por Afinia, son los mercados donde han subido más tarifas de energía”.

Un camino largo por recorrer

Entre tanto, el experto en asuntos energéticos, Carlos Diago Abello, dijo que “lo que se va hacer es reestructurar los lineamientos de la política energética para corregir los desequilibrios regulatorios que se han creado en contra de los usuarios”.

Sostuvo que a través de este mecanismo podría darse una disminución en el valor de la tarifa entre el 20 y el 25 por ciento, pero surtiendo todo un proceso.

“El Presidente quizás tomó un atajo asumiendo funciones directamente de la Creg, lo cual se encuentra suspendido por el Consejo de Estado. Entonces, el Presidente retomó el camino largo, pero jurídico”, precisó.

Finalizó destacando el mayor seguimiento que habría al sistema hidroeléctrico, penalizando severamente los vertimientos de los excesos para generar especulaciones en el mercado eléctrico.

Los lineamientos del borrador

La memoria justificativa del documento fue elaborada por Ángela Maria Sarmiento Forero, Jefe de Oficina de Asuntos Regulatorios y Tómas Restrepo Rodríguez, Jefe Oficina Asesora Jurídica y Empresariales.

Las medidas incorporadas en los lineamientos de política fijados en el borrador del Decreto aplican a las entidades y agentes del sector, específicamente a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, al Consejo Nacional de Operación (CNO), a los agentes generadores, comercializadores y distribuidores del Sistema Interconectado Nacional.

Básicamente, el nuevo marco tendría los siguientes objetivos:

- La expedición de regulación para disminuir las tarifas de energía en el país a corto plazo, ante la afectación de las mismas debido a los efectos de actualización mensual con los indexadores de IPP e IPC. 

- La renegociación de contratos entre empresas generadoras y comercializadoras de energía con el fin de beneficiar a los usuarios en su tarifa final. 

- Definición de un indicador para el sector. 

 - Es imperante que se incorporen señales para promover entre los agentes del sector la contratación de energía para cubrir los consumos de los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y evitar la exposición a precios fluctuantes de bolsa.

- Considera la alternativa de acelerar la integración controlada de la autogeneración y generación distribuida al SIN, para lograr tanto el objetivo de disminuir las pérdidas como el de aportar a la integración de Fuentes No Convencionales de Energías Renovables (FNCER) en la matriz energética, que permita así una descarbonización de esta y un proceso de descentralización de los sistemas energéticos en el país.

Según el Ministerio, “articular los dos anteriores como un escenario de política pública para el sector de energía eléctrica, permitirá avanzar en objetivos planteados por el Gobierno relacionados con atender las problemáticas de prestación del servicio, especialmente en la Región Caribe, así como la descentralización y eficiencia en tarifas”.