El presidente del Consejo de Estado, Luis Álvarez Parra, desde Barranquilla, aseguró que la justicia en Colombia requiere, además de prudencia y equilibrio, desarrollarse sin interferencias ni presiones de ningún poder público. 

El magistrado, quien participa del I Encuentro de las Altas Cortes y V Encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria, que se celebra en Barranquilla, sostuvo que la labor que vienen ejerciendo en materia de justicia ha sido, en mucho de los momentos, motivo de “incomodidades” para el Gobierno nacional. 

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“Se ha velado porque las libertades, los derechos y las garantías ciudadanas tengan plena vigencia en el Estado colombiano; que la separación de poderes se mantenga; y que prevalezca la Constitución y la ley. Por ello, en muchos momentos de este Gobierno, esta labor ha generado incomodidades, pues se han debido señalar derroteros que no siempre coinciden con la agenda pública o con la visión de país del Ejecutivo”, anotó.

Cabe recordar que el Consejo de Estado tuvo que suspender el decreto que convocaba a una consulta popular, también limitó el ejercicio presidencial en las alocuciones y consejos de ministros.

Además, ha señalado responsabilidades en distintos ámbitos del Estado como en materia tributaria, de competencia económica, entre otros.

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Álvarez afirmó que ese es el rol que el Consejo de Estado ha venido ejerciendo durante 200 años de existencia, dejando en claro que no es una situación que solo se limite al Presidente Gustavo Petro y su Gobierno. 

“Los jueces somos respetuosos de las competencias del señor Presidente, así como lo fuimos cuando, a través de un decreto, se eliminó la competencia del Consejo de Estado para conocer las tutelas contra la Presidencia de la República. En ese momento dijimos que el Consejo de Estado no rechaza ni reclama competencias, pero sí advierte la necesidad de que haya coherencia y racionalidad al decidir estos asuntos”, subrayó. 

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Por último, reiteró en la importancia de respetar la independencia judicial y rechazar los señalamientos que, según dijo, buscan “doblegar la justicia o presionar a los jueces”. 

“Eso no puede ser admitido por los jueces de la República, porque se está atentando contra el cimiento fundamental de la convivencia democrática”, finalizó el magistrado.