El procurador Gregorio Eljach.
El procurador Gregorio Eljach.
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Procuraduría

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No tenemos competencia para investigar al Presidente por participar en política: Procurador

Sostuvo que solo puede poner la lupa sobre Petro la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

A pesar de que hay sectores que lo presionan para que actúe contra el Presidente Gustavo Petro por presunta participación en política, el procurador Gregorio Eljach fue enfático en decir que esto supera sus competencias.

Durante la presentación de los lineamientos para evitar la indebida participación en política de servidores públicos, el jefe del Ministerio Público fue enfático en que a Petro solo lo puede investigar la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

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"La calificación tiene que hacerla la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que es la única que tiene competencia integral para mirar las conductas del presidente. El procurador está por fuera de esa competencia", manifestó Eljach.

No obstante, sí dijo que el ente de control investigará a alcaldes, gobernadores y demás funcionarios públicos que incurran en esta violación de las leyes.

Pero recordó que hay un proceso demorado: "Habría que calificarla, hacer la investigación, garantizar el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa. Aquí, como es elección popular, hay que tener doble conformidad, para que al cabo de muchos meses se termine decidiendo si lo hizo con responsabilidad o si no tenía responsabilidad".

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El procurador admitió que los colombianos tienen razón en exigir resultados más inmediatos, pero las limitaciones que vienen desde el año 2000 generan grandes dificultades.

"No podemos superar las dificultades si no es por la voluntad del legislador".

La Procuraduría presentó este jueves 'La línea que no se cruza', un mensaje pedagógico central que tiene seis comportamientos no permitidos durante esta campaña presidencial: financiar o promover campañas políticas desde el cargo que ocupan; presionar o favorecer subalternos para apoyar candidatos; usar recursos públicos en reuniones o actividades políticas; difundir propaganda electoral; inclinar o autorizar el uso del aparato estatal a favor o en contra de una causa o partido, y usar información reservada de la entidad con fines políticos.

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