El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, le pidió a la Corte Constitucional estipular el valor del incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que quiere que implemente el Gobierno nacional.

“La petición que hoy hacemos es clara: le pedimos a la Corte Constitucional que nos indique cuánto debe incrementarse la UPC, porque esa no es una decisión que yo pueda tomar de manera autónoma, yo no me mando solo. Cuento con un presupuesto, pero no tengo la facultad de ordenar las finanzas del país; esa responsabilidad recae en el Congreso de la República, que es quien define el presupuesto”, dijo el alto funcionario.

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En ese sentido, sostuvo que se planteó la necesidad de contar con $3.5 billones para poder aumentar en un 16,47 %.

Sin embargo, precisó Jaramillo, este incremento de la UPC del régimen subsidiado estaba condicionado a la aprobación de la emergencia económica, solicitada debido a la situación que se presentó.

“Ahora el Gobierno está buscando cómo ajustar y garantizar esos recursos ante ese escenario”, agregó.

Lo que halló la Fiscalía

El ministro de refirió a los hallazgos encontrados por la Fiscalía General de la Nación en el sistema de salud en el país.

“Todo lo que ha venido encontrando ese grupo de la Fiscalía durante 10 años es un despilfarro, un fraude, una corrupción permanente y un beneficio exclusivo para quienes representan a los prestadores de servicios”, afirmó.

Jairo Giraldo Rojas, fiscal delegado ante Jueces Especializados del Circuito de la Fiscalía General de la Nación, sostuvo que se ha podido identificar, dentro de la experticia del grupo de salud, la constitución de IPS fachada, generando lo que se ha denominado el “carrusel de la contratación de las EPS” para acudir ante la aseguradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de reclamaciones.

“También se pudo identificar la alteración de información clínica para acceder a estas reclamaciones por servicios que no están contemplados en el plan de beneficios, así como la alteración contable para la adjudicación de contratos sin contar con la infraestructura, ni financiera ni operativa, para ejercer la prestación del servicio”, reveló el fiscal.

Indicó que también encontraron manipulación de información clínica para acceder a recursos por patologías que no están contempladas dentro del plan de beneficios.