Este sábado se conoció un escrito que envió el Ministerio de Educación al Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, en el que se exige explicaciones de la forma en la cual fueron requeridos los documentos con los que se postuló Leyton Barrios Torres a candidato como rector de esa alma mater.

“Este Despacho ha tenido conocimiento de las presuntas irregularidades en la acreditación de los requisitos para el proceso de elección y designación del rector de la Universidad del Atlántico 2025–2029, por parte de uno de los postulados, el señor Leyton Daniel Barrios Torres”, se lee en el documento. 

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En el mismo escrito, el Mineducación le recuerda al Consejo Superior sobre el Acuerdo Superior 000001 de 2021, el cual fija las condiciones para aspirar al cargo de la rectoría.

De acuerdo con la cartera de educación, desde el Comité de Credenciales avalaron los documentos de Leyton Barrios sin ningún contratiempo, pero el Sindicato de Trabajadores Administrativos y Académicos (SintraAdeua) fue quien realizó la denuncia para que se revisara con detenimiento, la hoja de vida del exsecretario de Educación del Atlántico.

La denuncia consiste en que Barrios no cumpliría con los requisitos en su experiencia como docente cuando trabajó en la Corporación Universitaria Americana.

“Este se mantuvo en un vínculo de carácter civil, como docente bajo la modalidad ad honorem, desarrollando actividades sustantivas de extensión y proyección social”, señaló el ministerio.

“La docencia universitaria hace referencia a las labores asociadas a los procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje en ese nivel educativo […] dentro del cual no se encuentran los programas de extensión”, añadió.

Por lo que solicitó al Consejo Superior "de manera inmediata aclarar a este Despacho las razones jurídicas y fácticas con base en las cuales se habilitó la participación señor Leyton Daniel Barrios Torres, quien presuntamente, no cumpliría con los requisitos del Acuerdo Superior No. 000001 del 23 de julio de 2021".

Finalmente, puso de presente que se "podrá imponer sanciones administrativas, previa observancia del debido proceso señalado por la Ley 30 de 1992, a los directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, o cualquier persona que ejerza la administración y/o el control de la institución de educación superior cuando en ejercicio de sus funciones incumplan las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que expida el Ministerio de Educación Nacional en ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia".