Por María Correa Vásquez

Mi padre, Julio Aníbal Correa Estrada, era un antioqueño nacido en el municipio de Briceño. Fue hijo de Paulino Correa y de María Estrada, y creció en una numerosa familia campesina de filiación liberal, junto a sus hermanos y hermanas. En ese hogar, la vida rural, las costumbres familiares y el arraigo a la tierra hacían parte de una identidad que, como tantas otras en Colombia, terminó siendo golpeada por la violencia política.

Durante los años de La Violencia, ese periodo doloroso que marcó a Colombia entre 1946 y 1958, mi padre y su familia fueron desplazados de su lugar de origen. Su padre, su madre, su hermano y sus hermanas fueron obligados a instalarse en Medellín, mientras él, como hermano mayor, se incorporó a la lucha liberal en aquellas regiones periféricas de Antioquia —el Magdalena Medio, el Bajo Cauca y el Nordeste— donde la violencia política golpeó con especial fuerza durante la primera fase de La Violencia, entre 1949 y 1953.

Dejaron atrás sus modos de vida, sus pertenencias, sus vínculos y parte de su historia. Fueron arrancados de su tierra por esa práctica dolorosa y repetida en Colombia: convertir en enemigo al otro solo porque piensa distinto.

En aquellos años, especialmente después del 9 de abril de 1948, cuando el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán profundizó la violencia partidista en el país, la confrontación fratricida se ensañó contra miles de familias liberales. La diferencia política dejó de ser una expresión legítima de la democracia y se convirtió en señalamiento, persecución y destierro.

Desde algunos púlpitos se bendecían mensajes de odio contra quienes eran vistos como adversarios. La palabra fue preparando el camino de la violencia, y la violencia terminó partiendo familias, pueblos y generaciones enteras.

Mi padre decidió luchar. Desde muy joven estuvo al lado de los liberales que, en medio de La Violencia, defendían la vida, la libertad política, el derecho a pensar distinto, la dignidad campesina, la permanencia en la tierra y la esperanza de una Colombia con justicia social y garantías democráticas. No fue una elección tomada desde la comodidad de una consigna, sino desde la urgencia de una época en la que defender a la familia, la tierra y la propia existencia podía convertirse en una forma de resistencia.

No hablo aquí desde una historia lejana ni desde una idea aprendida en los libros. Hablo desde una memoria familiar. Desde la vida de un hombre que conoció en carne propia lo que ocurre cuando un país permite que la política se convierta en persecución.

Hacia el cierre de esa etapa de La Violencia, tras el golpe militar del 13 de junio de 1953 y durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, se impulsaron procesos de amnistía dirigidos a distintos grupos alzados en armas, entre ellos sectores de las guerrillas liberales. En ese contexto, mi padre fue amnistiado e incorporado a la Armada Nacional como piloto de embarcaciones fluviales.

Así llegó a Barranquilla.

Y así llegó a Las Flores.

Llegó buscando las aguas del delta, los oficios del río, la navegación, la construcción de embarcaciones y la lectura paciente de los astros. Su vida de luchas libertarias y de pescador en el Bajo Cauca y el Magdalena Medio le permitió adquirir una sabiduría que no siempre cabe en los títulos, pero que sostiene la vida de los pueblos.

Mi padre conocía el río. Sabía leer las corrientes, construir botes, orientarse por el cielo y comprender, desde la experiencia, asuntos que otros aprenden en los libros. Tenía capacidades extraordinarias para las matemáticas, la física y la navegación. Era uno de esos hombres del pueblo que parecen hechos de memoria, trabajo, inteligencia y resistencia.

Solo estudió hasta tercero de primaria. Sin embargo, escribió tres libros para sus nietos. Tal vez lo hizo porque sabía que la vida no se hereda solo con apellidos, sino también con relatos. Tal vez quiso dejarles una brújula. Tal vez quiso decirles, a su manera, que quien conoce su historia camina con más dignidad sobre la tierra.

Mi padre, junto a mi madre Isabel María, siempre se reivindicó liberal. Nunca perdieron su esencia. Por más duras que fueran las circunstancias, entendieron —como lo enseñó Jorge Eliécer Gaitán— que “el pueblo es superior a sus dirigentes”, y que el ideal de una Colombia más justa, pacífica y próspera no podía quedar sometido a los aciertos, errores o contradicciones de quienes, aun llegando al poder en nombre de postulados liberales, democráticos o progresistas, pueden apartarse de las causas profundas del pueblo.

Ellos sabían que los dirigentes pueden equivocarse, e incluso fallarle a las banderas que dicen defender. Pero también sabían que esos errores no obligan a renunciar a los ideales. Una cosa son los hombres y mujeres que pasan por el poder, con sus luces y sombras, y otra muy distinta son las causas que sostienen la esperanza de justicia, libertad y dignidad de los pueblos.

Creo que ese fue uno de los mayores legados de mi padre. De los muchos que nos dejó, a mí me marcó profundamente uno: el ideal de justicia y esa rebeldía casi suicida para intentar materializarlo, desde las pequeñas hasta las grandes causas.

Por eso, cuando hoy escucho expresiones públicas registradas en medios y atribuidas a Abelardo de la Espriella —hablar de la izquierda como una “plaga” que debe ser “erradicada”, llamarla “cáncer”, usar expresiones como “destriparlos” o tratar a sus opositores como “bandidos” y “narcoterroristas”— no puedo permanecer indiferente.

Ese lenguaje no recae únicamente sobre los dirigentes a quienes pretende atacar. Por extensión, también alcanza a millones de colombianos y colombianas que han votado por opciones liberales, progresistas, de izquierda, de paz o de cambio; ciudadanos que no son una amenaza para la patria, sino parte legítima de ella.

Por eso me pregunto: cuando se habla de estar “firmes por la patria” o de defenderla, ¿de qué patria estamos hablando? ¿De una patria donde cabemos todos, incluso quienes pensamos distinto, o de una patria reducida a quienes obedecen una sola visión política? ¿A cuál patria quieren conducirnos si para afirmarla necesitan señalar como plaga, cáncer o enemigo interno a una parte del propio pueblo colombiano?

Ese no es el lenguaje normal de una democracia. Es un lenguaje que deshumaniza, que convierte al contradictor en enemigo y que prepara el terreno para justificar la persecución política. No lo escucho como una discusión abstracta ni como una exageración electoral. Lo escucho con la memoria de mi padre. Con la historia de mi familia paterna. Con la conciencia de quienes sabemos que la violencia política no empieza el día en que alguien dispara.

Empieza antes.

Empieza cuando se acepta que el otro no merece ser escuchado.

Empieza cuando una sociedad se acostumbra al insulto y a las expresiones de muerte.

Empieza cuando se celebra la humillación del adversario.

Empieza cuando una idea política se convierte en una marca para perseguir.

Empieza cuando se olvida que detrás de cada postura hay una vida, una familia, una historia.

Mi padre luchó en una Colombia donde pensar distinto podía costar la vida. Esa violencia política, que en 1948 abrió una de las heridas más profundas de nuestra historia, no desapareció del todo: se ha reeditado muchas veces, con distintos rostros, intensidades y lenguajes, cada vez que el país convierte al contradictor en enemigo.

Por eso no quiero que mis hijos, ni los hijos de nadie, tengan que vivir una nueva versión de esa historia. No quiero que, en pleno siglo XXI, una contienda electoral ni un eventual resultado en las urnas abran la puerta para que el lenguaje de persecución se convierta en práctica política o de gobierno.

No quiero que la política vuelva a ser excusa para señalar, excluir o eliminar simbólicamente al otro. No quiero que la democracia se convierta en una trinchera de odios ni que la posibilidad de gobernar se construya sobre el trato del contradictor como enemigo interno.

La memoria de Julio Aníbal Correa Estrada no es solo la memoria de mi padre. Es también la memoria de un país que ha pagado demasiado caro la costumbre de odiar al que piensa distinto. Y si algo nos enseñaron quienes sobrevivieron a esa época, es que la paz no se defiende en silencio. Se defiende recordando, una y otra vez, que ningún proyecto político, ninguna rabia y ningún poder valen más que la vida.

Por eso, la experiencia de nuestros padres y los episodios de violencia más cercanos que nos ha tocado vivir deben servirnos como advertencia. No se puede ser neutral frente al odio cuando el odio amenaza con convertirse en destino colectivo. No se puede mirar hacia otro lado cuando el lenguaje de la persecución vuelve a instalarse en la vida pública.

La abstención puede parecer distancia moral. El voto en blanco puede parecer protesta. Pero cuando la amenaza contra la vida, la democracia y la dignidad se vuelve real, ninguna decisión es inocente.

En este Día del Padre, pienso en Julio Aníbal Correa Estrada, pero también en miles de padres colombianos que no huyeron de la historia: fueron arrancados de sus tierras, obligados a defender su derecho a existir y empujados a luchar por una Colombia más justa.

Sus vidas nos recuerdan que la paz no es una palabra vacía ni una consigna de campaña. La paz es el derecho de los hijos a crecer sin miedo, de las familias a no ser desplazadas por sus ideas, de los pueblos a no repetir las heridas que ya nos costaron demasiado.

Honrar hoy sus memorias es entender que la justicia, la paz y la vida también se defienden tomando posición.