La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está viviendo uno de los momentos más complejos desde su creación, después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016. 

El Presidente Abelardo De La Espriella no ha dudado en mostrar su rechazo a la labor que desarrolla este tribunal y su bancada en el Congreso está planteando una reducción del presupuesto para 2027.

Nuestras noticias en tu mano: únete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado de todo lo que sucede.

El senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, propuso un traslado de 100 mil millones de pesos del presupuesto de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura, lo que afectaría el 62% de los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios, que ascienden a 161.271 millones. 

"¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!", escribió el Presidente respaldando la propuesta del senador.

¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!
(A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 https://t.co/yq1HYIviwI

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 17, 2026

Es por eso que Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, dijo que hay una "estrategia para impedir el funcionamiento" de la jurisdicción.

Ramelli anunció que llevará la situación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, los países garantes del acuerdo de paz y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

La JEP sostiene que ya arrastra un déficit acumulado de unos 26 millones de dólares y que el traslado propuesto dejaría sin financiación de otro 19,7 millones destinados a convenios de protección con la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que, según el tribunal, pondría en riesgo la seguridad de víctimas, testigos, intervinientes y funcionarios judiciales.

También, asegura que otros 9,2 millones de dólares requeridos para arrendamientos, servicios públicos y mantenimiento de sus sedes quedarían comprometidos, mientras que los recursos para su centro de datos e interoperabilidad sufrirían un impacto superior al 40 %, con posibles consecuencias para la reserva y seguridad de la información y la gestión digital de los procesos.

Lo llamativo es que mientras tiene lugar esta crisis presupuestal, la JEP anunció dos decisiones de alto impacto contra el antiguo secretariado de las FARC. 

La primera es que citó a  declarar a seis exjefes de las FARC por hechos de violencia de género cometidos contra hombres y mujeres adultos dentro de las filas de esa antigua guerrilla entre 1990 y 2015.

La JEP explicó que llamó a declarar a Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo por "las funciones de dirección y control que ejercieron desde el último Secretariado de las Farc-EP", particularmente sobre la regulación de la vida de sus integrantes adultos.

Los seis excomandantes deberán aportar información sobre las conductas investigadas y las circunstancias en que ocurrieron, en un proceso que busca establecer las responsabilidades correspondientes.

El llamado hace parte del Caso 11, Subcaso 3, en el que la JEP ha documentado preliminarmente 62 hechos y 30 víctimas directas, relacionados con violencias sexuales, reproductivas y por prejuicios basados en la orientación sexual, la identidad o la expresión de género.

La Sala de Reconocimiento de Verdad también citó a rendir versión a Sandra Ramírez Lobo Silva, exintegrante de las FARC, dentro del Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños durante el conflicto armado y otros crímenes cometidos contra ellos durante su permanencia en las filas.

Por otra parte, la jurisdicción emitió un auto este viernes para formalizar la ejecución de la sanción contra siete integrantes del secretario por el delito de secuestro.

Son los mismos seis más Rodrigo Granda, quienes tendrán que cumplir penas alternativas de entre cinco y ocho años, usarán dispositivos de seguimiento electrónico y tienen por norma la prohibición de salir del país. 

El primer proyecto en el que trabajarán será la búsqueda de desaparecidos en el cementerio ubicado en Pitalito, Huila, según reveló El Tiempo.