Por Adalberto Bolaño Sandoval

Es para risas. Para carcajadas. Para burlas del Congreso y para muchos medios de difusión. Hace más o menos 10 a 15 días el Congreso aprobó la reforma laboral como un gran triunfo de la “democracia”. Las comillas aquí tienen una gran significación, pues iluminan el gran lugar que la democracia, la libertad y el orden tienen para nuestros “demócratas” congresistas, La democracia es para carnavalizar, para hacer chanzas, para hacer guasas, chistes, gracias, monerías.

Gracias a estos “honorables” funcionarios de la más alta alcurnia política, se aprobó la reforma laboral. Y había, “tenían” que sancionarla, pues el Presidente Petro jugó al ajedrez político y les planteó al Congreso realizar, como contraparte, cuando negaron su propuesta de reforma laboral, una consulta popular que definiera esa propuesta. Hubo llantos, incriminaciones, dedos señalando esa proposición de la consulta popular, declarándola inconstitucional, “golpe de estado blando”, propia de un dictadorzuelo comunista o socialista. 

La consulta popular, sin embargo, constituiría para Petro una respuesta reveladora del primer constituyente, del pueblo. Significaría, sobre todo, cuestionar el “omnímodo” y supuesto poder legislativo del Congreso. Entonces adujeron que no había presupuesto para ello. El senador Efraín Cepeda, a nombre de muchos congresistas de la oposición gobiernista, sostuvo: “La consulta popular no lograría los votos ciudadanos, generaría alto costo y polarizaría más a Colombia”, argumentando que se necesitarían 13 millones 600 mil votos para aprobar esta propuesta.

Otro de los congresistas Mauricio Gómez, del Partido Liberal, manifestó que debía respetarse la institucionalidad del Congreso y aceptar sus decisiones: “Cada vez que se niega una iniciativa gubernamental, el presidente convoca a una consulta de esa naturaleza. ¿Cuántas consultas tendríamos que hacer en el año?”. No hay nada que decir, pero el lenguaje confrontativo de estos legisladores, además de la falta angustiosa de comprensión sobre los mecanismos jurídicos y democráticos.

Tanto para uno como para el otro congresista, la institucionalidad y el país, o mejor, el estado constituye una colcha de retazos para coser a su acomodo. De manera que la propuesta de consulta popular fue creciendo, fue tejiéndose. Iban y venían críticas, censuras, mientras que, de parte del gobierno, se formaban más consensos y propuestas. Y llegó el colmo: al votarse la consulta popular, en encendidos debates, se presentó la manipulación de los resultados, quedando la propuesta hundida a favor de la oposición con 49 votos a favor y 47 en contra. Habían ganado la primera puja.

¿Pero cómo se revivió la reforma laboral? Paralelamente, y sin admitirlo, el Congreso resucitó la reforma en la Comisión Cuarta, dando un paso “democrático”: preferible aceptarla que una consulta popular. Preferible agachar el dedo que sentirse cuestionados por el pueblo, pues, al acercarse las elecciones del 2026, muchos de estos congresistas afrontarían cuestionamientos serios y un bajón en el voto popular, pero, más relevante aún, en su credibilidad, pues, ya de por sí, se encuentra en entredicho. Mejor aceptar los “errores” y capitular. Mejor aceptar la democracia obligada que las próximas elecciones.

El movimiento de ajedrez de Petro salió como se esperaba: venció en franca lid a unos opositores que imponen una democracia de bolsillo, una supuesta “democracia” en la que interesa, realmente, el “todos contra uno”. Muestra de ello, en un país con tantos problemas sociales, estructurales, de seguridad, de desigualdad, donde urgen reformas tributarias, pensionales, económicas, políticas, de paz, el Congreso ha negado la reforma a la salud, bajo cuyos lineamientos se hubieran manejado mucho mejor múltiples situaciones institucionales a favor de la gente.

Las reformas pensional y de educación

Otro duro golpe a la “democracia” del Congreso colombiano ha sido la devolución de la reforma pensional, ya revisada por la Corte Constitucional, y que esperaba que fuera declarada inexequible, es decir, no viable, por vicios en su presentación y en su trámite. Esta corte la retornó para que se subsanaran los cuatro debates reglamentarios, para que se tramite en la Cámara de Representantes. Afortunadamente, este órgano aprobó en todas sus partes el proyecto de ley, y, como era de esperarse, la oposición expresó que existían nuevas irregularidades.

Como parte de ello, la oposición se ausentó en la votación final, para un total de 104 votos a favor y nueve en contra. En este caso, la democracia fue la gobiernista, que votó en pleno.

¿Y qué pasa con la reforma a la educación? Frenada desde el 16 de diciembre del 2024, cuando fuera presentada por el Ministro de Educación, Daniel Rojas, y el viceministro, Ricardo Moreno Patiño, en razón de que se diera prioridad a otras reglamentaciones y propuestas legislativas, como las mencionadas anteriormente.

Leamos lo que indica la página del Senado sobre este proyecto: “La propuesta radica en modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 que establecen el mecanismo con el que se incrementan los recursos destinados por la Nación a las universidades públicas del país”. Se busca en el artículo 87 que los aportes a las universidades públicas, tanto las nacionales, departamentales y municipales se reajuste de “acuerdo con el PIB  en un porcentaje no inferior al 70% del incremento real del Producto Interno Bruto, y no en un 30% como está en la actualidad”, y en el artículo 86, las asignaciones se acuerden en concordancia con lo establecido al año anterior y “por el Índice de Costos de la Educación Superior – ICES – de las universidades estatales, calculado por el DANE”.

Se busca equidad e igualdad. Se busca que las universidades públicas salgan del atolladero presupuestal. Se trata de cerrar el hueco educativo y económico que, contra la educación universitaria, desde la promulgación de la ley 30 de 1992, bajo el gobierno de César Gaviria, comenzó a disminuir el financiamiento de la educación a las instituciones públicas, en aras de permitir la privatización y mercantilización de la educación del sector privado, en la que se disminuyó la apertura y competencia para la parte pública, y, aumentando, al mismo tiempo, una mayor rentabilidad para la parte privada. Otras consecuencias de la ley 30: se redujo el papel del Estado en su regulación, y, por lo tanto, disminución en su control de calidad y aumento en la desigualdad.

¿A dónde condujo lo anterior? A una disminución de la oferta de la universidad pública, y aumento de la privada, lo cual generó dificultades financieras y académicas, ahogándose en ambos aspectos lo público. De igual manera, se reafirmó la educación “intermedia”, tanto técnica como tecnológica, quitando oportunidades para entrar a las universidades y permitiendo y ampliando el espectro técnico y tecnológico.

¿Pero cómo va todo con la reforma educativa? La propuesta fue hundida en el mes de junio del 2024. Obviamente, no es de sorprenderse que la ley 30 de 1992 continúe vigente y se disminuya aún más el presupuesto a la parte pública. Una ley anquilosada en el tiempo y en el espacio, que ya no responde ni estratégica, ni operacional, ni política, ni filosófica ni económicamente y que corresponde a 33 años transcurridos desde su aprobación.

La “democracia” del Congreso

Ni democracia representativa, es decir, ni gobierno para el pueblo ni democracia directa, en fin, la mitad del Congreso no legisla para la mayoría. Este es un gobierno manco, cojo, inhábil, para lo cual la administración actual ha tenido que actuar como el Quijote, peleando contra molinos de poder que no observan ni presentan ninguna equidad ni ninguna igualdad. Hundir propuestas como las de la educación y la de la salud, que buscan entregarle a la mayoría de la gente mayor distribución de bienestar, se convierte en una pseudodemocracia legislativa.

Como se puede colegir, existe la mayor contradicción entre la democracia de Petro y la “democracia” del Congreso. La primera, buscando dar soluciones a varios sectores deprimidos de la sociedad colombiana, desamparada y olvidada, mientras la otra busca ahogar cualquier sentido de equidad e igualdad, dando, por el contrario, prioridad al apoyo empresarial, industrial y a las élites, en virtud de sus lugares de proveniencia, de sus apoyos electorales, de sus miedos partidistas y a su genuflexión al poder, a su arrodillamiento, asumiendo, prolongando, entonces, el statu quo: somos su representación, pueblo: apóyennos, dirán ellos.

Ahora, o mejor, dentro de unos días, los medios transmitirán, cantarán, elogiarán como “triunfo” la “democracia” congresista que aprobará la reforma pensional, denegada en un principio, aullándole a un triunfalismo que no les pertenece, esperando que, en las elecciones del próximo año, la gente les apoye su repetida y “democrática” reelección de ayer, hoy, mañana y siempre. Ojalá no se repitiera esa reelección programada por la compra de votos. Pero, como siempre…