El profesional del Derecho costeño, Juan Antonio Barrero Berardinelli, figura dentro de los 102 candidatos inscritos para cubrir la vacante de Magistrado en la Corte Constitucional, en reemplazo de Luis Guillermo Guerrero Pérez, de acuerdo con la Convocatoria No. 74 abierta por el Consejo de Estado.

Se trata de un profesor de Derecho Constitucional quien desde hace muchos años se ha perfilado para esa responsabilidad, de acuerdo con su trayectoria pública.

En efecto, el abogado oriundo de Barrancas, departamento de La Guajira, cuenta con especializaciones en Derecho Constitucional y Derecho Público.

Se ha desempeñado como Magistrado Auxiliar de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura; Director de Departamento de Administración Judicial; Docente de las universidades de Los Andes, Libre - Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá, Sergio Arboleda y del Norte, así como, Asesor de Despacho de la Procuraduría General de la Nación.

Desde hace una década se ha venido desempeñando como Magistrado Auxiliar, justamente en la propia Corte Constitucional escribió un manual de jurisprudencia constitucional que se ha convertido en insumo de estudio obligatorio para los estudiantes de derecho en Colombia. 

Ante la necesidad de certidumbre, los planteamientos consignados en el libro permiten saber lo que serían sus posturas en una alta Corporación judicial como esa.

Por esta razón, hay quienes consideran que “muy seguramente el Consejo de Estado no desperdiciará esta oportunidad para ternarlo y así dar paso a que como ocurre en el fútbol: los auxiliares preparados en el duro calor de la cantera también pasen a la titularidad”, aplicando aquello de que “los que están de suplentes también deben tener la oportunidad de ser titulares”. 

Como es sabido, esa Corporación judicial, tiene la delicada misión de salvaguardar la supremacía de la Constitución y proteger los derechos humanos, en un país de constante transgresión a ambas cuestiones. 

Desde su fundación, la Corte ha tenido una conformación prevalentemente andina en términos regionales, cuestión que al margen de los innegables avances en materia de protección de derechos humanos, ha acentuado el centralismo y deformado la autonomía territorial trazada por el constituyente de 1991.

La selección de los Magistrados de la Corte Constitucional se da a través de un proceso híbrido en el que converge lo jurídico y lo político, pues tras una terna que elabora el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia o el Presidente de la República, el Senado los elige, de tal manera que en cada episodio de elección de uno de los guardianes de la Carta Política se manifiesta una de las formas de la democracia representativa, a la vez que se pone a prueba la probidad de las instituciones.

Por esto, ante un panorama como el actual, la elección que se avecina se constituye en una valiosa oportunidad para escoger a una persona no sólo experta en asuntos de constitucionalidad, como lo demanda una responsabilidad como esa, sino, además, que represente regiones distintas a las del centro del país y, porque no decirlo, ojalá de la Costa Caribe.