El Juez Promiscuo Municipal de Galapa, Venancio García-Solis Solis, suspendió la audiencia de imposición de medida de aseguramiento a los jueces Rafael Uribe Henríquez y Alberto Oyaga Machado, así como al Fiscal Gustavo Orozco Pertuz, y determinó su continuación para este jueves.

La sesión fue suspendida tras la intervención del representante de la Rama Judicial, Francisco Bernate; así como los apoderados de las víctimas, Hugo Junior Carbonó y Alejandro Arcila; el delegado de la Procuraduría, Wilson Rangel; así como el defensor del Fiscal, Javier Hurtado Ramírez.

Para este jueves se espera la intervención del resto de las partes.

En el reinicio de la audiencia, que había sido suspendida en el mes de diciembre del año pasado, el Juez le pidió coherencia a los abogados Antonio Luis González Navarro y Javier Hurtado, apoderados de los jueces Rafael Uribe Henríquez y Alberto Oyaga Machado, al igual que el Fiscal Gustavo Orozco Pertúz por pretender seguir dilatando la misma al solicitar la verificación del cambio de radicación del proceso, por falta de competencia, para que sea dirimido por la Corte Suprema de Justicia.

Incluso, los apoderados de los tres funcionarios judiciales amenazaron con un sexto hábeas corpus en la búsqueda de esta pretensión.

Frente a este hecho, el Delegado de la Procuraduría General de la Nación, Wilson Rangel, expresó que era el momento menos oportuno para el cambio de radicación, por lo cual requirió al Juez que continuara con la audiencia.

Por su parte, Francisco Bernate, en representación de la Rama Judicial (Consejo Superior de la Judicatura) expresó su inconformidad por la forma como los abogados González Navarro y Hurtado, han pretendido litigar en este proceso “con un aluvión de hábeas corpus”.

Tras cuestionar este comportamiento advirtió que “queremos saber quiénes están detrás de todos estos actos de corrupción de justicia”, al tiempo que reclamó acciones “para establecer a los determinadores” o particulares que se favorecen con esas acciones.

A renglón seguido intervino Hugo Junior Carbonó, en representación de las víctimas (familia Acosta Bendek), quien cuestionó duramente la actuación de los dos jueces y el Fiscal.

En el caso del Fiscal Gustavo Orozco Pertuz recordó que cuando la familia Acosta Bendek denunció el desfalco de $32 mil millones en la Universidad Metropolitana, bajo el manejo de Carlos Jaller Raad, el caso le correspondió a este funcionario.

Luego, al mismo Fiscal le correspondió el conocimiento de la denuncia interpuesta por Carlos Jaller Raad contra los Acosta Bendek.

Sin embargo, agregó la una (las de los Acosta Bendek) la retrasó y la otra (la de Carlos Jaller) la aceleró con imputación y medida de aseguramiento ante el Juez 1 Penal Municipal (Alberto Oyaga Machado).

Ante ello, precisó, los Acosta Bendek pidieron el cambio de radicación ante la Fiscalía General de la Nación, petición que fue avalada por la Dirección Nacional de Fiscalías y así se produjo el cambio de asignación.

En ese cambio, enfatizó, el Fiscal Gustavo Orozco falsificó un radicado al no incluir uno que había señalado la Fiscalía General, sino que involucró a otro que se trataba del hurto de un vehículo, que nada tenía que ver con los Acosta Bendek. Y así, indicó, Orozco Pertuz siguió entorpeciendo la decisión de la Fiscalía General de la Nación.

“Si no sintió respeto por sus superiores, mucho menos lo tendrá con los ciudadanos si regresa a su despacho, porque tiene una capacidad poderosa para alterar pruebas”, manifestó Carbonó para coadyuvar la imposición de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

En el mismo sentido se refirió al Juez Alberto Oyaga Machado “quien también tiene una poderosa capacidad para alterar pruebas y obstruir a la justicia”, por lo que consideró que se trata un comportamiento idéntico al anterior.

En cuanto al Juez Rafael Uribe Henríquez expresó que también “ha actuado con el mismo patrón de comportamiento de irrespeto a la justicia”.

Tras su intervención respaldó la solicitud del Fiscal 90 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Germán Arias Cortes de imponer la medida de aseguramiento intramural a los tres funcionarios judiciales “siendo proporcional a lo que ellos hacen porque se cumplen los requisitos de necesidad proporcionalidad y urgencia”.

Entre tanto, el abogado Alejandro Arcila, también en representación de víctimas, respaldó la imposición de medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario a los dos jueces y el Fiscal.

Argumentó que los tres capturados e imputados “representan un alto riesgo para la justicia, la comunidad, las víctimas y el de no comparecencia para cumplir la sanción penal que se les imponga”.

Seguidamente intervino el delegado de la Procuraduría, Wilson Rangel, quien apoyó la medida de aseguramiento intramural para el Fiscal Gustavo Orozco Pertúz, más no así para los dos jueces.

Consideró que, en el caso del Fiscal, “trabajando desde su casa representa un riesgo para la sociedad, las víctimas y la justicia”.

Durante su intervención cuestionó las actuaciones de Orozco Pertuz manifestando que, indudablemente, “tenía un interés diferente al jurídico, respetando la presunción de inocencia”.

El representante del Ministerio Público también sacó a relucir la transcripción de un audio en el cual Janeth Ortiz, apoderada de los Jaller, le preguntaba a Orozco Pertuz “si había comprado la casita con la plata que le dieron”.

Concretamente, en este momento de la intervención, el representante de la Procuraduría expresó: “Y como no va a ser grave que aparece dentro de los elementos de prueba, el 13 de abril de 2017, donde un testimonio afirma bajo juramento que escuchó al Fiscal (Gustavo Orozco Pertuz) hablando en el pasillo con una defensora si este había comprado la casa con el dinero que le habían dado y que había respondido que sí”.

Agregó que en esa declaración jurada se manifiesta: “He aprendido mucho en el último año y medio que he estado haciendo el acompañamiento y en especial en uno de los intermedios de las audiencias , en un pasillo que va hacia el baño, con sorpresa vi la la forma como se habla entre el Fiscal (Orozco Pertuz) y una de las abogadas de las supuestas víctimas. En este caso está una señora Janeth Ortiz de Manotas diciéndole al Fiscal 56 (Gustavo Orozco Pertuz) que si había comprado lo que él había dicho con el dinero que le había dado y el señor Fiscal (Orozco Pertuz) le respondió que sí, que esa casa había quedado muy bonita. No estoy diciendo que esto sea ya prueba de algo que sucedió. El hecho es que ahí había eso para pararle bolas por parte de la Fiscalía. Había que mirar la actividad de ese señor Fiscal (Gustavo Orozco Pertuz)”.

Del mismo modo, aseveró que “aquí hay más gente metida en este torcido” para la asignación de jueces. “Tiene que haber algo para que salga el torcido”, insistió, por lo que requirió una vigilancia especial en el Centro de Servicios Judiciales.

Tras considerar que el Fiscal Orozco Pertúz “es el promotor de todo este problema”, el representante de la Procuraduría reiteró la necesidad de imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, “porque es que si no es intramural sigue haciendo desde su casa como Fiscal”.

Entre tanto, el abogado Javier Enrique Hurtado Ramírez, apoderado del Fiscal Gustavo Orozco Pertuz, se opuso a la solicitud de medida de aseguramiento para su defendido y pidió al Juez abstenerse a la petición “por improcedente”.

Hurtado Ramírez hizo un recuento de todas las actuaciones de Orozco Pertuz para concluir que sus decisiones se ajustan a las normas legales.

“Su único interés era acatar la legalidad y las decisiones judiciales emitidas”, agregó.

Al concluir su intervención, en la que también tomó el tiempo que le habían asignado a su defendido, el Juez decidió suspender la audiencia para reanudarla este jueves.