Mejorar las condiciones macroeconómicas y fiscalizar rigurosamente los centros de conciliación, esas son las peticiones que expertos le hacen al Gobierno de Abelardo De La Espriella para que las solicitudes de insolvencia en Colombia se estabilicen.

Durante los cuatros años de Gustavo Petro, las declaraciones de quiebra en el país aumentaron un 374%, en comparación al periodo de Iván Duque.

Para que una persona natural se cobije con la Ley de Insolvencia, se debe entender que no puede cumplir con sus deudas y solicita renegociar o que los bienes que estén a su nombre sean usados para que se pague a sus acreedores. 

El requisito es que el deudor tenga dos o más acreedores con más de noventa días en mora, y que estas acreencias representen más del 30 % de la deuda total. 

Según los analistas de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, estos resultados en el Gobierno Petro comprometieron la estabilidad económica de las familias colombianas.

Mientras que en los cuatro años de Duque 1.387 personas acudieron al régimen de insolvencia de persona natural, entre 2022 y 2026 la cifra escaló a los 53.920.

Nuestras noticias en tu mano: únete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado de todo lo que sucede.

"La crisis en el Gobierno Petro respondió a una combinación estructural de alta inflación, precarización laboral y pérdida del empleo formal, pues cerca del 45% de los colombianos que se declaran en quiebra manifiestan que la causa principal es la falta de empleo", explicó el informe.

Asimismo, destacó que la informalidad pasó de un 48,4% de los ocupados en 2021 a un 54,5% en 2025.

Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, sostuvo que en el periodo de Petro más de un millón de colombianos ingresaron a la informalidad.

"Cada punto porcentual que aumenta la informalidad representa a 242.000 nuevas personas o familias que entran en condiciones de vulnerabilidad, lo cual presiona al alza la búsqueda de trámites como la insolvencia. Durante el gobierno de Gustavo Petro, más de 1 millón de personas ingresaron a la informalidad", precisó.

Sin embargo, Benítez alertó sobre un fenómeno que debe ser atacado por las autoridades: las insolvencias fraudulentas. 

Apuntó que han proliferado los centros de conciliación y asesores que promueven las insolvencias fraudulentas. 

En abril de este año, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) advirtió de un cartel que "recurre a maniobras irregulares" para facilitar el acceso indebido a este mecanismo.

Destacó que en los últimos dos años se ha evidenciado un aumento "significativo de solicitudes", en las que se identifican irregularidades y actuaciones de mala fe.

Es más, aseguró que se han identificado la creación de deudas ficticias con el propósito de cumplir los requisitos y promover acuerdos lesivos para los acreedores reales. 

Asimismo, evidenció que algunas personas registradas como supuestos prestamistas figuran en múltiples procesos de insolvencia e incluso se encuentran privadas de la libertad.

"Se han detectado situaciones recurrentes que nos permiten advertir sobre una estructura criminal, un cartel de la insolvencia a través de asesorías para evadir el pago de obligaciones con el sistema financiero, el sector real, las telcos (empresas de telecomunicaciones), los proveedores, entre otros, lo que genera consecuencias para los implicados como la pérdida de confianza, el reporte a las centrales de riesgo, barreras de acceso al crédito e incluso consecuencias penales", advirtió Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria.

El factor de los actores armados

Para Insolvencia Colombia e IFI Financiera hay una coincidencia en los departamentos donde más crecieron las declaraciones de quiebra con los que tienen mayor presencia de actores armados ilegales.

Caquetá, Tolima y Nariño fueron los departamentos donde más crecieron las declaraciones en quiebra (13.000%, 1.908%, 840% respectivamente).

Las proyecciones

En lo corrido de este año (entre enero y agosto de 2026), el informe señala que se registran 16.896 nuevas solicitudes de insolvencia de personas naturales.

Aunque la proyección inicial de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera estimaba entre 22.000 y 25.000 nuevos casos anuales, las presiones socioeconómicas agravadas por desastres naturales recientes, como el terremoto del 10 de agosto, podrían sobrepasar estos límites.

No obstante, para los expertos se espera que en 2027 estos trámites comiencen a estabilizarse.

Pero para esto es clave que se dinamice la inversión privada, mejorar las condiciones macroeconómicas y una fiscalización más rigurosa sobre los centros de conciliación y demás actores del ecosistema.