Un año, dos meses y un día completa el drama y la lucha de Jairo Alberto Colmenares Martínez para que Coomeva EPS ordene la intervención quirúrgica para el cambio total de su rodilla derecha.

En medio de esta lucha, ni siquiera han valido las acciones judiciales emprendidas contra la EPS, que ha omitido las decisiones de tutela y de incidentes de desacato.

Para Jairo Colmenares los problemas iniciaron el 28 de febrero de 2018 cuando recurrió a una cita médica debido a los dolores que le aquejaban en su rodilla, por lo cual le fueron ordenados exámenes y procedimientos.

Luego, el 25 de junio del mismo año el diagnóstico fue certero: deformidad en Varo, artrosis de rodilla, lesión meniscal y lesión de ligamentos cruzados.

Este diagnóstico le produjo una incapacidad entre el 15 y el 24 de agosto de 2018, en la cual le fue ordenado el cambio total de rodilla.

A partir de ese entonces comenzó su lucha para que Coomeva EPS autorice dicha intervención quirúrgica, con resultados negativos hasta el momento. En concreto, presenta artrosis severa por artrosis tricompartimental de rodilla derecha.

“Esto me limita para ejercer mis actividades laborales y habituales”, comentó Colmenares en su dramático relato para Zona Cero.

Desde agosto de 2018 ha sido examinado por tres especialistas, quienes han coincidido en la orden a Coomeva para proceder con la operación.

Sin embargo, la EPS nunca ha expedido la orden correspondiente, “siempre con excusas de que no hay presupuesto, que el trámite está en auditoría, que el médico ya no trabaja con ellos, que no tiene convenio con las entidades”.

“Todo esto me ha acarreado una gran preocupación porque mi vida se está deteriorando. Mi salud está muy deteriorada y anímicamente estoy muy mal. Mi rodilla se inflama, me tienen que sacar sangre y no puedo ni caminar porque ya tengo artrosis degenerativa grado 4. Mi rodilla se ve muy afectada por el fuerte dolor. Esto me tiene bastante preocupado”, agregó.

Ante la reiterada negativa de Coomeva EPS para atender su caso recurrió a la acción de tutela, interpuesta el 7 de mayo de este año ante el Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla.

El Juez, Benjamín Jaimes Pérez, le amparó a los derechos fundamentales a la salud y vida digna impetrados y le ordenó a Coomeva proceder, en el término de 48 horas, a autorizarle y realizarle el procedimiento de reconstrucción de rodilla ordenado por el médico tratante y, además, prestarle de manera integral todos y cada uno de los servicios que se deriven de su patología, so pena de hacerse acreedora de sanciones por desacato.

El Juez también instó a Coomeva para que, en lo sucesivo, evite incurrir en este tipo de conductas.

“Pero Coomeva nunca respondió a la decisión judicial ni se acercó al Juzgado. Nos citaron a los dos y ellos no se presentaron nunca”, advirtió.

Ante la desatención de Coomeva de este fallo, el 10 de mayo de este año Jairo Colmenares Martínez presentó un incidente contra Ángela María Cruz Libreros (Gerente General) y Margarita Cecilia Orozco Eslai (Gerente Regional Costa Caribe), para que respondan judicial y disciplinariamente por desacato a resolución judicial.

“La EPS Coomeva se burla de sus usuarios y de las órdenes judiciales. Al parecer no tienen la intención de cumplir la orden judicial por lo que solicito se les aplique las sanciones pertinentes en materia disciplinaria y penal por fraude a resolución judicial”, señaló.

En desarrollo de este incidente el Juez Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla abrió el período de pruebas el 30 de julio, “pero Coomeva tampoco concurrió”.

Y para sorpresa del paciente y afectado, Jairo Colmenares, el pasado 30 de septiembre el Juez, Benjamín Jaimes Pérez, declaró que Juan David Salcedo Salgado, en calidad de representante legal para efectos judiciales de Coomeva EPS “o quien haga sus veces, ha incurrido en desacato al no haber dado cumplimiento a la orden impartida en la sentencia de tutela”, imponiéndole una sanción de arresto por el término de 3 días y multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalente a 8 millones 281 mil 160 pesos.

Lo indignante de esta situación es que “el representante legal (Juan David Salcedo Salgado) no aparece en Cámara de Comercio, siendo que el recurso fue presentado para que fuera el representante legal en la ciudad de Barranquilla quien tuviese que responder”, por el grave hecho de omisión.

“Me extraña sobremanera que haya un representante legal que no aparece por ninguna parte”, recalcó.

La situación también está en conocimiento de la Superintendencia de Salud que sigue esperando, “pacientemente”, que Coomeva se digne a responder.

“He sido muy paciente con esto, pero la verdad ya está bueno”, concluyó Jairo Colmenares Martínez.