La Fiscalía presentó durante la  audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento en contra del magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, y los particulares, Kelly Andrea Eslava Montes y Aldemaro Vargas González,  una llamada del 14 de noviembre de 2017 sostenida entre el señor Jorge Enrique Cortés Rojas, presunto dueño del predio ‘La Providencia’ ubicado en el Humedal El Jaboque, y el señor Fernando Trebilcock, en la que este último señaló que el fallo no se profería porque “hubo una petición de tres mil”.

El ente acusador mostró además en las audiencias, que le siguen a los procesados por presuntas irregularidades alrededor del gigantesco lote ubicado a pocos metros del aeropuerto El Dorado, un extracto de la declaración jurada que rindió Fernando Trebilcock, en la que aclaró que la referencia de una “petición de tres mil”, correspondía a millones de pesos y al proceso de reparación directa promovido por Jorge Enrique Cortés Rojas contra entidades del Distrito por el bien mencionado anteriormente. 

"Esos elementos fueron exhibidos por los fiscales del caso con el propósito de acreditar que los interesados en el proceso de reparación directa relacionado con el humedal El Jaboque (Ref. 2012-01066) querían incidir en el fallo de segunda instancia ante el Consejo de Estado como, al parecer, lo hicieron en primera instancia en Tribunal Administrativo de Cundinamarca", menciona este sábado la Fiscalía en un comunicado.

El ente acusador indica, además, que "es importante destacar que la Fiscalía no ha señalado que el origen de la supuesta petición de dinero provenga de Consejeros de Estado o funcionarios de esta corporación, tampoco tiene evidencias que así lo sugieran".

Y sostiene que "los fiscales e investigadores han recibido toda la colaboración por parte del Consejo de Estado para develar las actuaciones de una presunta red de corrupción que tendría injerencia en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca".

Finalmente, la Fiscalía General de la Nación ha dispuesto la indagación penal y disciplinaria de algunos de sus funcionarios, que habrían obstruido el avance de las investigaciones para favorecer a supuesta red de corrupción.