La Contraloría General de la República entregó el balance de su gestión en el Atlántico, en el último año, en el que se destacan varios casos emblemáticos que llevaron a hallazgos fiscales por $1.392 millones, tras las auditorías realizadas.

Los casos en los cuales ha actuado la gerencia departamental son los de Electricaribe, PAE, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Alcantarillado de Palmar de Varela, así como los Centros de Desarrollo Infantil -CDI.

La Alcaldía de Palmar de Varela fue sujeto de control, en un proceso de responsabilidad fiscal  que asciende a $3.255.675.127 millones. y que se originó por una denuncia ciudadana sobre una planta de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado que quedó inconclusa  y con deficiencias técnicas que impidieron su funcionamiento.

"Como presuntos responsables fiscales aparecen; el alcalde de la época; el Contratista, el Interventor, el Secretario de Planeación y el Secretario de Obras Públicas", indicó el ente de control.

El control llegó a la Alcaldía de Malambo, en un proceso ordinario de responsabilidad fiscal, mediante una actuación especial al programa del PAE. Según la Contraloría, este municipio realizó un pago mayor al definido por el MEN por pago de ración en el Plan de Alimentación Escolar, estimado en un monto de $ 113,9 millones de pesos. Los presuntos responsables fiscales son el alcalde de la época, el secretario de Educación y el contratista

Otro caso fue el Invías, donde funcionarios de Contraloría llevaron a cabo una auditoría integral. en el que "se determinó que su gestión no estuvo acorde con los principios rectores de la función pública y se generó un hallazgo fiscal, que asciende a la suma de $ 104.349.000, millones de pesos".

"Este alcance fiscal se originó como consecuencia de la sanción  impuesta por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Regional, por un monto de $ 104.349.000, por la ejecución de actividades no autorizadas en la licencia ambiental, otorgada mediante la Resolución No 1420 del 9 de Diciembre de 2004, para la construcción y operación del Proyecto de “Profundización del Canal de Acceso a los terminales portuarios de Barranquilla” entre los sectores de Siape y Bocas de Ceniza en la margen del río Magdalena en el Departamento del Atlántico, situación que evidenció el Ministerio, al construir el Invías un espolón no autorizado y otros en lugares diferentes a los autorizados", se lee en un comunicado de la Contraloría.   

Según la entidad, "como presuntos responsables fiscales se vincularon los directores de la época, los supervisores del contrato y los distintos subdirectores de las dependencias". 

Otros dos casos

En otro proceso ordinario, la Contraloría practicó una auditoría especial de fiscalización a los recursos provenientes del  Programa de Normalización de Redes Eléctricas, Prone,  y el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales, FAER,  transferidos por el Ministerio de Minas a Electricaribe S.A. E.S.P., durante las vigencias 2008 a 2014 y las pruebas aportadas en el traslado del hallazgo, presentaron la ocurrencia de hechos irregulares relacionados con los contratos suscritos entre Electricaribe y los contratistas: Carlos Vengal Pérez; Electroredes Ltda; S.R.G. Civil Eléctrico Telecomunicaciones e Inversiones S.A.S.; Ingeniería y Montajes Electromecánicos S.A. Inmel S.A; Ingeniería y Soluciones Especializadas S.A.S.

Según la Contraloría, "recibieron recursos por $6.078 millones sin que los proyectos (Atlántico; La Guajira; Bolívar; Córdoba) se hubiesen ejecutado a cabalidad , conforme a las cláusulas del contrato, es decir, no cumplieron con los fines previstos destinados a la inversión social y al mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios". 

La cuantía del presunto monto o daño patrimonial es de $6.078.514.468 millones.

En Soledad, en auditoria a los recursos del Sistema General de Participaciones Salud Pública, transferidos al Municipio de Soledad vigencia 2012, se reportó como hallazgo Fiscal los descuentos efectuados en las  cuentas maestras No 220-685-12127-9 y 220-685-12125-3,  por concepto degravámenes financieros y retención desde enero a diciembre de 2012 por $25.8 millones por no haberse  gestionado ante el banco la aplicación de lo establecido en el numeral 9 del artículo 879 del Estatuto Tributario.  

Como resultado de la actuación fiscal, la Contraloría determinó imputar responsabilidad fiscal por $25.812.326 en noviembre del 2015.  En junio 24 del 2016, se procedió a dictar auto de cesación de la acción fiscal por haberse  acreditado el pago de $ 28.941.477,54.