Presidente Juan Manuel Santos.
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EFE

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Gobierno gastó $20 mil millones para atender a 6 mil personas en frontera con Venezuela

El balance lo hizo el presidente de la República, Juan Manuel Santos.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, consideró hoy "satisfactorio" y "muy positivo" el balance de la atención a sus compatriotas expulsados y retornados de Venezuela tras el cierre de la frontera común, y cifró en 22.000 las personas que llegaron procedentes del vecino país.

Santos confirmó que el sábado se cerró en Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander y por donde fue clausurado el pasado 19 de agosto el paso hacia el estado Táchira, "el último de los albergues creados" para atender a los "compatriotas que fueron deportados o que se vinieron de Venezuela".

"Y fueron más de 22.000 personas", añadió el gobernante, que hoy encabezó un consejo de ministros en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

Indicó que su Gobierno destinó 20.000 millones de pesos (unos 6,8 millones de dólares) en atender a más de 6.000 personas que se instalaron en albergues temporales en Cúcuta.

"Ahí se ofrecieron alojamiento, alimentación, salud, no hubo problema ninguno en ese proceso", resaltó Santos.

Indicó que el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) "fue muy positivo y muy satisfactorio" y agradeció la labor de todos los que "ayudaron para afrontar este problema", que, aseguró, hoy están "cerrando con total éxito".

Santos mencionó, entre otros logros, el traslado de casi 3.000 familias y sus enseres a sus lugares de origen y la entrega de subsidios de arrendamiento para otras 4.800 familias, entre otros.

Aseguró que la activación del corredor humanitario para la educación "permitió el regreso a clases de casi 1.500 niños y niñas que afortunadamente no perdieron colegio".

El 19 de agosto pasado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre del paso entre Norte de Santander y Táchira, el de mayor movimiento entre ambos países, como parte de las acciones para combatir el contrabando y a supuestos paramilitares.

La medida se extendió posteriormente a los pasos que comunican a los departamentos colombianos de La Guajira y Arauca con los estados de Zulia y Apure, respectivamente.

EFE 

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