Por presunta omisión en el ejercicio de sus funciones, la Procuraduría General de la Nación le formuló cargos a la señora Rosa Eneida Villero Daza, en su calidad de defensora de Familia del Atlántico para la época de los hechos, por presunta omisión de sus funciones.

La actuación disciplinaria inició por la comunicación remitida a este organismo de control de parte del Juzgado Tercero de Familia de Barranquilla, con la cual se puso en conocimiento de la Procuraduría Regional del Atlántico la pérdida de competencia de la autoridad administrativa, en este caso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el trámite de restablecimiento de derechos de un menor de edad.

La defensora de Familia investigada había asumido el conocimiento del proceso y al parecer omitió el deber legal establecido en el artículo 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) de tramitarlo en un término perentorio de cuatro meses.

La falta fue provisionalmente calificada por la Procuraduría Regional del Atlántico como grave, cometida a título de culpa grave.