Los procuradores de justicia de once países en los que operó Odebrecht acordaron hoy en Brasilia establecer "la más amplia, rápida y eficaz cooperación" sobre los asuntos de corrupción en que se implicó ese esa empresa brasileña

El encuentro fue organizado por la Procuraduría General de Brasil y asistieron fiscales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela, países en los que se investigan las prácticas corruptas en que incurrió la constructora.

En un comunicado divulgado tras una reunión que se realizó bajo un total hermetismo, se informó que también se acordó crear "equipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales", para coordinar las investigaciones en Brasil y los otros países en que Odebrecht incurrió en sobornos y otros actos ilegales.

Esos grupos, según la nota, "actuarán con plena autonomía técnica y en desarrollo de su independencia funcional", que es un "principio rector" de los Ministerios Públicos.

También se subraya "la importancia de la recuperación de los activos y la reparación integral de los daños causados por esos ilícitos, incluyendo el pago de multas, según la legislación de cada país".

En otro de los puntos, se insta "a los ciudadanos a apoyar a sus instituciones de persecución penal en las actuaciones que son conducidas contra la corrupción" en cada uno de esos países.

A la reunión también habían sido invitados, pero no asistieron, representantes de El Salvador, Guatemala, Antigua y Barbuda y Mozambique.

En todos esos países, además del propio Brasil, que fue donde comenzaron a descubrirse esas prácticas ilegales, se investiga la actuación del grupo Odebrecht, sobre todo en la financiación ilegal de campañas electorales, el pago de sobornos para obtener contratos de obras públicas u operaciones financieras irregulares.

La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines del año pasado, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la constructora había admitido que pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.

Las investigaciones iniciadas a raíz de esas informaciones han generado una orden de captura contra el expresidente peruano Alejandro Toledo, declarado prófugo, y salpicado a los actuales mandatarios de Panamá, Juan Carlos Varela, y Colombia, Juan Manuel Santos.

También han generado un enorme revuelo en cada uno de los países citados, que en su mayoría han pedido información a Brasil, ya que 77 exdirectivos de Odebrecht implicados en el asunto han acordado colaborar con la justicia y pudieran haber revelado detalles sobre las operaciones de la empresa en el exterior.

Esos testimonios, sin embargo, se encuentran bajo un absoluto secreto de sumario, por lo que su contenido se desconoce, aunque la prensa brasileña asegura que salpican a decenas de políticos y que pueden dar indicios sobre las operaciones externas de Odebrecht.

EFE