La Contraloría General de la República emitió fallo sancionatorio por cerca de $12 millones contra el Alcalde de Sabanalarga, Atlántico, José Elías Chams y presentó resultados de las auditorías realizadas al municipio durante el año 2025.

La sanción contra el mandatario local se determina por no entregar de manera oportuna la información solicitada en el desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento que se realizó a Sabanalarga en 2024 y la identificación de proyectos en el marco de la estrategia Compromiso Colombia.

La Contraloría General determinó que Chams dio respuesta a lo solicitado de manera extemporánea, incompleta y sin los requisitos formales necesarios, afectando el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal. Para el ente de control la falta de información entregada por el alcalde afectó el propósito de las actuaciones de fiscalización que hace la entidad a obras de infraestructura del municipio de Sabanalarga, que presentan fallas y retrasos.

En el marco del seguimiento realizado por el órgano de control se determinó el incumplimiento de los compromisos generados en las diferentes mesas de trabajo, la no atención de las visitas técnicas a los diferentes proyectos por parte del ente territorial y la falta del suministro de la información solicitada.

Actuaciones de control fiscal 2025

Además, en el marco de las acciones adelantadas en 2025, la Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal por $4.241 millones en la obra de alcantarillado y saneamiento básico del barrio Evaristo Sourdís.

La actuación se originó a partir del análisis técnico, financiero y jurídico adelantado por el órgano de control sobre la ejecución del proyecto. Durante las diferentes actuaciones fiscales adelantadas, la Contraloría evidenció deficiencias en la construcción de la obra que comprometen la calidad y el adecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado, asociadas a fallas en los diseños iniciales, uso de materiales de mala calidad y diversas deficiencias constructivas.

Así mismo, se identificaron incumplimientos de las especificaciones técnicas del proyecto y el pago de actividades no ejecutadas, situaciones que, en su conjunto, permitieron determinar la existencia de un presunto detrimento patrimonial.

Por otro lado, se abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $460 millones por las obras de adecuación del patinódromo. Allí se identificó que la estructura construida, presenta deficiencias técnicas que evidencian el incumplimiento de los requerimientos técnicos y normativos aplicables a una obra de esta naturaleza, situación que puede afectar la inversión de los recursos públicos, toda vez que las condiciones actuales comprometen la funcionalidad, la seguridad e integridad de los usuarios.

Dentro de la estrategia Compromiso Colombia, la Contraloría General también hace seguimiento al proyecto para la canalización de arroyos Los Robles, Primero de Diciembre y Siete de Agosto contratado por un valor de $10.759 millones.

Este proyecto se declaró de impacto nacional y el proceso de responsabilidad fiscal es adelantado por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, debido a que no ha sido finalizado y no cumple con el fin por el cual fue contratado.  En el marco del proceso se ordenaron informes técnicos para determinar si el porcentaje de lo pagado corresponde con lo ejecutado.

Hallazgos fiscales en Plaza Central y ‘Avenida Bogotá’

En el año 2025, la Contraloría General también adelantó una Actuación Especial de Fiscalización en el que se determinaron hallazgos fiscales por $2.553 millones en la construcción, adecuación y ampliación de la Plaza Central y el mejoramiento en el pavimento en la ‘Avenida Bogotá’ y corregimiento de La Peña en Sabanalarga.

En el proyecto sobre Plaza Central se determinó un hallazgo fiscal por $1.494 millones, pues se identificó que las obras ejecutadas no cumplen con las especificaciones técnicas y la finalidad para la que fueron contratadas. Además, la Gobernación de Atlántico no dio respuesta a los interrogantes hechos por la Contraloría.

Se estableció además la falta de control y seguimiento de la interventoría y la supervisión del proyecto, pues no se hizo seguimiento en tiempo real, ni vigilancia, monitoreo o control de las obras ejecutadas. Se identificó el pago de cantidades mayores a las obras ejecutadas y el doble pago por concepto de administración, imprevisto y utilidad, inconformidades en los datos reportados en actas, entre otros.

La obra se encuentra suspendida desde el 26 de octubre de 2023, debido a la falta de disponibilidad a nivel nacional del material requerido para la fabricación del obelisco. Además, surgieron diferencias entre el contratista de obra y el subcontratista en relación con el componente eléctrico.

En cuando al mejoramiento del pavimento en la ‘Avenida Bogotá’ y corregimiento de “La Peña” se determinaron hallazgos fiscales por $885 millones. El proyecto ha presentado una serie de suspensiones que han afectado el normal desarrollo de su ejecución debido a que, en el momento de su planeación, no se consideraron las dimensiones reales a ejecutar y las obras a la fecha se encuentran inconclusas.

Estos dos proyectos también fueron declarados de impacto nacional y el proceso de responsabilidad fiscal será adelantado por la Unidad Anticorrupción.

Otras obras bajo la lupa de la Contraloría

En el marco del control preventivo y concomitante, la Contraloría realizó dos seguimientos permanentes en el contrato suscrito por la Gobernación del Atlántico para el suministro de agua potable a los corregimientos de Colombia y Molineros.

La Contraloría ha evidenciado que se presentan dificultades administrativas, técnicas y legales, que no han permitido la culminación del proyecto que actualmente se encuentra suspendido. En el proyecto se inició una Actuación Especial de Fiscalización.

También se hace seguimiento al estado del Polideportivo Villa Olímpica, obras que, aunque fueron entregadas en el 2015 a la fecha no prestan ningún servicio. El escenario carece de un esquema de administración y de responsables designados para su operación, así como de políticas orientadas a garantizar su uso adecuado, mejoras y sostenibilidad en el tiempo.

En cuanto a la construcción y adecuación de la ludoteca, aunque el proyecto fue terminado, nunca fue puesto en funcionamiento porque no contó con el mobiliario requerido y por la falta de vigilancia fue vandalizado.

*Con información de Contraloría General de la República