La actual situación de hechos violentos que tienen azotada al Área Metropolitana de Barranquilla, fue advertida por el entonces Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, el 13 de agosto de 2020.

En esa oportunidad, Negret Mosquera emitió una alerta temprana con el objeto activar el Sistema de Prevención y Reacción Rápida en el Área Metropolitana, “ante los riesgos y amenazas a los derechos a la vida, la integridad, libertad y seguridad personal, libertades civiles y políticas e infracciones al DIH, derivados de la presencia y actividad de organizaciones armadas ilegales”.

Por tal razón solicitó a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), que lidera el Ministerio del Interior, la adopción de medidas integrales efectivas “para disuadir, alejar o mitigar el riesgo garantizando la plena vigencia de los derechos humanos de la población civil”. 

En ese momento identificó como posibles víctimas a comerciantes formales e informales, tenderos, defensores de derechos humanos, docentes, estudiantes universitarios, miembros o líderes de organizaciones sociales, de víctimas y comunitarias, juntas de acción comunal, representantes de población desplazada, sindicalistas, población socialmente estigmatizada como personas en ejercicio de la prostitución, consumidores de drogas ilícitas, delincuentes comunes, habitantes de proyectos de vivienda de interés prioritario o vivienda gratis, vendedores de apuestas y trabajadores informales dedicados al “bicitaxismo”.

Presencia de estructuras criminales

Concretamente, la defensoría estableció que en Barranquilla, Soledad, Galapa, Malambo y Puerto Colombia hacen presencia un cúmulo de estructuras delincuenciales que incluyen grupos armados nacidos de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia como los son las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y grupos recientemente reconfigurados como Los Nuevos Rastrojos y el Nuevo Bloque Costeño.

Asimismo, desarrollan su accionar en este territorio grupos de criminalidad organizada regional y local como Los Costeños (también llamados Los Nuevos Costeños), el Bloque Central Renacer, Los Papalopez y Los Vega. 

Además, tienen presencia estructuras criminales provenientes de Venezuela y que mantienen actividad en ambos países conocidas como Pranes. En Barranquilla se ha identificado la presencia de miembros de una banda de este tipo conocida como Los Meleán. 

El accionar violento de las organizaciones

Según la Defensoría, estas organizaciones han impuesto una serie de mecanismos violentos de control social y territorial que generan zozobra y terror en la población que reside en vastos sectores urbanos bajo su influencia. 

“En este sentido, los hechos violentos identificados son expresiones de una estrategia de control territorial que busca garantizar el monopolio de las economías ilegales del narcotráfico, las extorsiones, la trata de personas, entre otras actividades ilícitas y que en su conjunto configura un preocupante escenario de riesgo para el ejercicio y garantía de los derechos fundamentales de la población civil que se encuentra expuesta y vulnerable a la presencia e imposición de mecanismos violentos de estos grupos en los barrios y sectores urbanos de los municipios que conforman el Área Metropolitana”, advirtió la institución.

De esta forma, en el escenario de riesgo advertido en la citada Alerta Temprana convergen varios factores: 

- Enfrentamientos, reacomodos de equilibrio y ajustes de cuentas entre las estructuras delincuenciales por el control de las economías ilegales a través de homicidios, “castigos ejemplarizantes” como los desmembramientos de cuerpos y ejercicio de la violencia no sólo contra los miembros del grupo adversario sino contra sus familiares.

- Disputas al interior de las estructuras delincuenciales por el ascenso en las jerarquías también a través de homicidios y “castigos ejemplarizantes” como los desmembramientos.

- Imposición de normas de convivencia en las zonas bajo control de las estructuras.

- Agresiones contra líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos que vienen realizando procesos de exigibilidad de derechos, acciones de prevención de la utilización ilícita de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) y del consumo de sustancias psicoactivas.

“El riesgo objeto de la presente alerta se predica sobre los habitantes de los municipios que comprenden el Área Metropolitana, compuesta por el Distrito de Barranquilla y los municipios de Soledad, Galapa, Malambo y Puerto Colombia. En estos municipios la población que se ubica en las zonas periféricas y en los corredores estratégicos (como son los límites entre los municipios, los barrios al costado de las vías que comunican al Atlántico con otros departamentos y las zonas que limitan con el Río Magdalena) es más vulnerable al escenario de riesgo descrito en esta Alerta Temprana”, precisó la Defensoría en su advertencia. 

Las zonas críticas en el Atlántico

En este sentido, se evidenciaron riesgos en el sector de la calle 17 y su prolongación hacia el municipio de Soledad. En este mismo corredor se identificaron riesgos en las zonas aledañas al río en la vía que conduce hacia el sector de Barranquillita, donde se encuentran los asentamientos de Villanueva y Bendición de Dios. 

Además, se identificaron amenazas en los barrios y municipios ubicados en las vías que de Barranquilla conducen a otros departamentos (como son los casos de la Avenida Circunvalar, la Carretera Oriental y La Cordialidad que conectan al Atlántico con los departamentos de Magdalena, Bolívar y el interior del país) y el caso específico de Galapa por las vías que de este municipio conducen a la subregión Centro y los municipios de la zona Costera del departamento.

Las recomendaciones

Por todos estos motivos, la Defensoría planteó en su oportunidad las siguientes recomendaciones:

- A la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat): Coordinar e impulsar las medidas preventivas y de reacción rápida ante los factores de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo, de modo que las entidades y autoridades competentes adopten de manera urgente las medidas necesarias y pertinentes para prevenir los riesgos y amenazas.

- A las Alcaldías de los municipios de Soledad, Malambo, Galapa, Puerto Colombia y el Distrito de Barranquilla: Convocar periódicamente reuniones del Consejo de Seguridad para evaluar las situaciones de riesgo de vulneraciones de los derechos humanos de los habitantes de las zonas identificadas en este informe con el fin de que se elaboren y apliquen planes de seguridad que permitan contrarrestar las acciones de violencia y salvaguardar los derechos de los pobladores de zonas urbanas y rurales.

- A la Policía Metropolitana de Barranquilla, para que, en coordinación con la SIJIN y la Policía Judicial, y las autoridades civiles los municipios de Soledad, Malambo, Galapa, Puerto Colombia y el Distrito fortalezcan e intensifiquen estrategias y acciones de inteligencia que permitan la captura y judicialización de las personas presuntamente vinculadas con la conformación de grupos armados ilegales. “En particular, es importante que sus acciones disuasivas del riesgo en los lugares focalizados se adopten con pleno respeto de los principios humanitarios de distinción, precaución y proporcionalidad”.

- A los Grupos de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA), adscritos al Ejército Nacional y al Departamento de Policía de Atlántico, revisar y ajustar la aplicación de las rutas de atención para que sean accesibles víctimas de extorsión de los municipios alertados, realizando campañas periódicas de divulgación de las rutas de atención a víctimas de extorsión, el secuestro y promoción de la denuncia. Así mismo, se recomienda la formulación de una estrategia con impacto regional, tendiente a la prevención de la extorsión, el incentivo a la denuncia de dichas conductas se impulsen las investigaciones respectivas.

- A la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de la Dirección Seccional Atlántico y en coordinación con la Dirección Nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana, informar a la Defensoría del Pueblo el estado actual de las investigaciones que se han adelantado con el fin de establecer y esclarecer la relación entre los grupos armados ilegales con los grupos de criminalidad organizada, denunciados por líderes y lideresas sociales en los municipios advertidos.

No obstante a las advertencias formuladas, lo que resulta evidente es que las organizaciones criminales siguieron ganando terreno y a pesar que algunos de sus cabecillas han sido capturados, continúan delinquiendo desde las cárceles, ordenando las acciones violentas que mantienen en zozobra la tranquilidad ciudadana.