El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, llamó la atención sobre el financiamiento del sistema de Justicia y Paz en sus 20 años de existencia, ante el hecho de que el Estado Colombiano es el que ha tenido que asumir no solo su implementación sino la reparación de las víctimas, cuyos victimarios han sido objeto de extinción de dominio en torno a bienes avaluados en 24,37 billones de pesos.

Indicó que las indemnizaciones judiciales han sido asumidas fundamentalmente con el Presupuesto General de la Nación (95,53% del total de pagos). 

Recordó el Contralor que si bien se estableció que los bienes de los postulados a Justicia y Paz son los que debían comercializarse y ponerse a disposición para el financiamiento, esto no se ha materializado.

“Quiero llamar la atención que, según la ley, el pago de indemnizaciones a las víctimas de Justicia y Paz debe seguir un orden específico. En primer lugar, se deben utilizar los recursos entregados por los postulados condenados. Solo cuando estos recursos sean insuficientes, se deben utilizar fondos del Presupuesto General de la Nación (PGN) para cubrir la diferencia. Sin embargo, la realidad muestra que este proceso no se ha llevado a cabo de manera efectiva”, precisó el Contralor.

Dijo que en la difícil situación que se encuentra el país desde el punto de vista presupuestal es necesario mirar de qué manera y en qué forma se avanza en esta circunstancia.

“A pesar del tiempo transcurrido, aún no se ha logrado una judicialización efectiva, una reparación integral para las víctimas ni una reintegración exitosa de los postulados. Y esto más allá de un nivel de crítica destructiva , se trata simplemente de la imperiosa necesidad y obligación que tenemos los diferentes actores del estado para mirar cómo desde nuestras competencias, aprendemos de los errores cometidos y reafirmamos el camino mirando cómo construimos planes de acción que nos permitan corregir esos errores que eventualmente puedan haberse cometido”, puntualizó el Contralor General al instalar el Foro “20 años de la Ley de Justicia y Paz: Cifras y resultados”, donde el ente de control dio a conocer un estudio sobre el tema.

Insistió Rodríguez Becerra en que los bienes entregados para la reparación de las víctimas por los exparamilitares, y en general todos los bienes objeto de extinción de dominio en el marco de Justicia y Paz, deben cumplir la función de resarcir el daño causado a los colombianos.

Respecto al costo fiscal de la Ley de Justicia y Paz, y teniendo en cuenta el reporte de las entidades involucradas, el Contralor reveló que durante el período 2005 – junio de 2024, se destinaron $17.7 billones.

Aclaró el Contralor que la mayoría de entidades informaron que no cuentan con centros de costos o gastos detallados que permitan desagregar ese costo fiscal, lo que dificulta saber con exactitud el monto total de los recursos invertidos por el Estado en el sistema de justicia y paz establecido por la Ley 975 de 2005.

El reporte recibido por la Contraloría General de la República, indica que estos $17,7 billones fueron usados principalmente por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) con 86,52%, seguido por la Fiscalía General de la Nación con 11% (investigación penal), la Rama Judicial con 2,05% (judicialización), el Ministerio de Justicia y del Derecho con 0,24% (apoyo víctimas incidentes de reparación) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) con 0,19% (reintegración desmovilizados).

De acuerdo con el estudio elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Justicia, los principales resultados obtenidos por la Ley de Justicia y Paz en sus 20 años de aplicación son los siguientes:

- Respecto al Fondo de Reparación a las Víctimas, se encontró que, con corte junio de 2024, registró 3.755 bienes, por valor $24,37 billones constantes de 2024. Y mediante proceso de monetización, comercialización y enajenación de bienes inmuebles con extinción de dominio, comercializó 42 bienes por $24.114 millones, o sea el 1,22% del total de bienes urbanos y rurales.

- En el periodo 2012 a junio de 2024, el Fondo de Reparación a las Víctimas realizó 48.131 pagos de indemnización por órdenes Judiciales, que beneficiaron a 29.862 víctimas por valor de $1,11 billones constantes a junio de 2024, de los cuales el 95,53% corresponden a pagos realizados con recursos del Presupuesto General de la Nación, 4,02% a recursos propios (que se derivan de la administración y enajenación de los bienes) y el 0,44% a pagos con recursos del Fondo Para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado – FRISCO.

- El pago de las indemnizaciones reconocidas en favor de las víctimas en las sentencias de Justicia y Paz se debe realizar, en primera instancia, con los recursos entregados por los postulados condenados y/o los recursos del frente y/o bloque en el cual militaron. Y, en segundo lugar, siempre y cuando estos recursos sean insuficientes, se concurrirá con recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación -PGN.

- Sin embargo, se evidencia que la reparación a las víctimas ordenadas por el sistema de Justicia y Paz han sido asumidas fundamentalmente con recursos públicos (95,53% del total de pagos)

- Se postularon 5.079 personas a la Ley 975 de 2005, en su gran mayoría por desmovilización colectiva de las AUC (86,9%), seguido por desmovilizaciones individuales de las FARC (10,1%) y otros grupos subversivos con 3%.

- Cerca del 64% de estos postulados, fueron excluidos del proceso (3.243 personas), por las siguientes causas: por no ratificación (82,49%), por muerte del procesado (7,77%), por renuencia a comparecer a la diligencia de versión libre (4,47%), porque continúa delinquiendo (3,92%) y por otras causas (1,36%), entre las que se destaca la de terminación expresa.

- Actualmente se encuentran activos 1.507 postulados (30% de los que se presentaron).

- En las versiones libres efectuadas por los postulados fueron mencionados 260.198 hechos delictivos durante el período 2006-2024, de los cuales fueron imputados 128.527, es decir, 49,4% de los hechos versionados que relacionaban a 256.379 víctimas.

- 921 de los postulados, fueron condenados por 15.236 hechos delictivos (11,85% de los imputados), que reconocieron a 40.450 víctimas (15,8% de las relacionadas en las imputaciones). Sobresalen los delitos de desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada, contra el patrimonio económico y secuestro.

- En el período de estudio, se encontraban vinculados 15.177 bienes, de los cuales, el 63,71% se investigaron de oficio por parte de la fiscalía general de la Nación, el 24,08% fueron denunciados, el 10,5% fueron ofrecidos por los postulados y el 1,71% se entregaron en la desmovilización. Esto significa que, sólo el 12,22% de los bienes, fueron ofrecidos por los postulados (1.854 bienes).

- Se judicializaron cerca de 1.400.000 hechos delictivos, los cuales en su mayoría fueron cometidos por las AUC. Los principales delitos cometidos fueron desplazamiento forzado con 60,15%, homicidios con 22,16% y desaparición forzada con 5,62%.

- Se registró un considerable aumento del 86,33% en la cantidad de hechos delictivos judicializados entre 2016 y 2023, pasando de 138.818 a 258.653 casos, concentrando las investigaciones en 32 estructuras armadas de las AUC y 4 de la Subversión.

- Se acreditaron para reintegración 1.365 personas, es decir 74,3% de los postulados que siguieron en el proceso ante la fiscalía general de la Nación (1.836).

- Con corte junio 30 de 2024, el 63,08% de los acreditados se encontraban en proceso, el 6,23% estaban fuera y el 6,37% ausentes. Sólo 24,24% del total de personas acreditadas, tuvieron culminación exitosa.

*Con información de Contraloría General de la República