“Un total de 148 municipios consumieron agua con inviabilidad sanitaria o alto riesgo para su salud durante el 2023, de acuerdo con el promedio anual del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano. Es decir, unas 534.000 personas ubicadas en los cascos urbanos y alrededor de 799.000 que habitan en sus zonas rurales estuvieron expuestas a una serie de vulneraciones de sus derechos fundamentales”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en la conmemoración del Día Mundial del Agua.  

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Los casos más graves fueron registrados en Zaragoza (Antioquia), Puerto Asís (Putumayo) y los municipios de Ricaurte, Olaya Herrera, El Peñol y Samaniego (Nariño), razón por la que el Defensor les hace un llamado a los entes nacionales, departamentales y locales: “Al tratarse de un derecho humano del que deben gozar las personas en el territorio nacional, y en cualquier parte del mundo, aseguren el suministro efectivo de agua y su mínimo vital bajo los criterios de calidad, disponibilidad y accesibilidad”. 

En 758 municipios no fue evaluada la calidad del agua

Durante el mismo año, basados igualmente en el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (Irca), las autoridades sanitarias no evaluaron la calidad del recurso hídrico en 758 municipios: 693 en jurisdicciones rurales, cinco en cascos urbanos y 60 en cabeceras municipales y sus ruralidades. 

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Lo anterior, representa una población aproximada de 8.889.000 personas afectadas. Esta omisión preocupa a la Defensoría del Pueblo, ya que los resultados permiten adoptar las acciones necesarias para reducir el nivel de riesgo.

Hay preocupación por la disponibilidad del recurso

En lo concerniente a disponibilidad, la principal problemática radica en algunos territorios donde la oferta de agua no satisface la demanda por condiciones climáticas. Los caudales concesionados son insuficientes; en otros casos, la pérdida de agua tratada en los sistemas de distribución está por encima de los estándares del Indice de Agua No Contabilizada (IANC).

De acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en esta temporada del fenómeno El Niño y con corte al 5 de marzo pasado son 271 los municipios del país que tienen desabastecimiento de agua.

La accesibilidad, otro tema de gran impacto

En lo que refiere a su accesibilidad, la principal problemática está relacionada con las bajas coberturas en las zonas rurales, un ejemplo de ello es la falta de garantía de este derecho para el pueblo Wayú en La Guajira, la cual demuestra el gran desafío en la gestión del escaso recurso hídrico en algunas regiones del país. 

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“Exhortamos a los alcaldes municipales a implementar estrategias para fortalecer los servicios de agua potable a través de medios alternos que la garanticen en situaciones de desabastecimiento. Además, les recomendamos destinar recursos y diseñar programas específicos para mejorar infraestructuras en zonas urbanas y rurales, involucrar a los habitantes en la toma de decisiones, evaluar tecnologías apropiadas para áreas rurales y cumplir con las funciones ambientales establecidas en la legislación”, indicó Carlos Camargo Assis. 

El acceso al agua no es solamente una necesidad básica, concluyó el Defensor del Pueblo de los colombianos, “sino un derecho esencial para el desarrollo socioeconómico de las comunidades. Su gestión sostenible, la protección de fuentes hídricas y su garantía de acceso a las comunidades marginadas son imperativas para cumplir con las metas de desarrollo sostenible y la promoción de la paz”.

*Con información de Defensoría del Pueblo