El de Electricaribe podría tipificarse como el caso de quien causa el desastre y las víctimas lo terminan debiendo.

Durante los últimos años la empresa se convirtió en una gran privilegiada del Gobierno Nacional, al punto de concentrar en muchos casos el 90 por ciento de los recursos asignados para la normalización del servicio de energía en las zonas vulnerables y algo igual en los aportes entregados para subsidiar las tarifas en los estratos bajos.

Sin embargo, la respuesta de Electricaribe fue totalmente negativa: un pésimo servicio generador de problemas de orden público y unas tarifas altas que no se han compadecido con su caótica prestación. Además de los daños causados a electrodomésticos, por los que nunca responden debido a las oscilaciones de voltaje, así como a las personas que han resultado electrocutadas tanto en sus domicilios como en las vías públicas.

Por ello, no dejan de sorprender las intenciones de la empresa de ejercer acciones judiciales en contra de las principales capitales de la Costa Caribe en la búsqueda de unos recursos que tienen origen en obligaciones de los barrios subnormales, que siguen en la absoluta y peligrosa anormalidad eléctrica debido a la irresponsabilidad de la empresa que, incluso, hasta se dio el lujo de desistir la ejecución de proyectos de normalización aprobados por el Gobierno Nacional con una financiación debidamente garantizada.

Para no ir tan lejos, en los últimos cinco años Electricaribe recibió la no despreciable suma de 577 mil 923 millones 405 mil 204 pesos a través del Fondo de Energía Social (FOES) - Ministerio de Minas y Energía, para el subsidio tarifario de los estratos bajos.

Estos recursos fueron asignados de la siguiente manera:

- Año 2016. 14 giros por 227 mil 404 millones 158 mil 597 pesos.

- Año 2017. 12 giros por 97 mil 216 millones 747 mil 759 pesos.

- Año 2018. 12 giros por 94.421 millones 403 mil 982 pesos.

- Año 2019. 12 giros por 99.889 millones 533 mil 380 pesos.

- Año 2020. Ha recibido 7 giros por 58.991 millones 561 mil 486 pesos.

Desviación de recursos

Sin embargo, el manejo de estos recursos por parte de Electricaribe no ha sido el más adecuado, afectando a los verdaderos destinatarios de los mismos: los usuarios de la Región Caribe.

Tanto así que la Contraloría General de la República (CGR) el 17 de julio de 2017 emitió un informe de hallazgo administrativo para los años 2015 y 2016 por valor de 78.517 millones 595 mil 205 pesos, tras establecer que el FOES se había aplicado desconociendo lo establecido en las normas que lo regulaban.

En esa oportunidad, la CGR consideró “que el FOES no se aplicaba de la misma forma en que se aplicaba el subsidio del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso; éste subsidio se aplica primero sobre el consumo individual del usuario y sólo cuando el consumo individual es inferior al consumo de subsistencia, se aplica sobre el consumo distribuido, en todo caso hasta el límite del consumo de subsistencia”.

Más concretamente, la CGR señaló de manera contundente: “La empresa Electricaribe S.A. ESP., actuando en contravía de los objetivos planteados en la política pública, entre ellos, el de subsidiar el valor del consumo de la energía eléctrica de usuarios ubicados en zonas de difícil gestión, áreas rurales de menor desarrollo, y en zonas subnormales urbanas, es decir de los usuarios más pobres del país (estratos 1 y 2), desconoció las normas que regulan la aplicación de estos subsidios y utilizó un procedimiento no autorizado en perjuicio de estos beneficiarios y en favor de la empresa, destinándolos a una finalidad contraria a la establecida en la ley, enjugar sus pérdidas, situación que se agrava si se tiene en cuenta que la propia ley considera estos recursos como inversión social razón por la que su destinación es específica para los fines determinados por el legislador.

Consecuencia de lo anterior, se derivó un daño al patrimonio público, representado en el menoscabo de los recursos públicos generado por la indebida aplicación que de ellos hiciera Electricaribe S.A. ESP., por la gestión fiscal desplegada en forma ineficaz, al no haber destinado los mismos al cumplimiento de la finalidad estatal esencial para la cual le fueron entregados que era subsidiar el consumo de energía de los más pobres, resultando en una desviación de estos recursos que finalmente se aplicaron para enjugar parte de las pérdidas que debe asumir la empresa y para cuyo control la ley tiene establecido instrumentos y procedimientos diferentes al adoptado en el presente caso, generando a juicio de este órgano de control un detrimento al patrimonio público en cuantía de $78.517.595.205, para las vigencias 2015 y 2016”.

De esa cifra, 38.056 millones 321 mil 123 pesos corresponden a la vigencia fiscal 2015 y 40.461 millones 274 mil 082 pesos a 2016.

Esta situación fue formalmente comunicada por la CGR a la empresa, “la cual presentó argumentos que no desvirtuaron el fondo de la observación emitida por la CGR, es decir la aplicación parcial (1%) del beneficio FOES que correspondía a los usuarios que en sus facturas presentan los conceptos "Consumo Distribuido" y "Aporte Empresa" y la destinación del porcentaje restante (99%) del FOES no aplicado a la reducción de las perdidas reflejadas en el "Aporte Empresa"”.

Aumentó la cifra del presunto detrimento

De este primer análisis se desprendió otro más extendido y contenido en el Auto No. 0213 del 26 de febrero de 2018, corregido mediante Auto 0230 del 28 del mismo mes y año, en los cuales la Contraloría General de la Nación ordenó abrir el proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. UCC-PRF-013-2018 por haber establecido la existencia de un presunto daño al Estado por valor de $216.984 millones, producto de la indebida aplicación del FOES durante las vigencias comprendidas entre julio de 2011 y julio de 2017. 

Igualmente, mediante Auto No. 0210 del 6 de marzo de 2019, notificado por estado 43 del día 7 del mismo mes y año, se ordenó el traslado del informe rendido por el equipo de apoyo técnico remitido mediante oficio No. 2019IE0016432, en donde se indica que la aplicación del FOES lo venía haciendo Electricaribe de manera errada en el período junio de 2011 a julio de 2017, debido a que se desconocían las normas aplicables. 

Allí se señala que el detrimento es de $208.930 millones de junio de 2011 a septiembre de 2018, pero reconocen la devolución del FOES por valor $21.357 millones en el período de noviembre de 2016 a enero de 2018.

Rechazaba proyectos para normalización

Igual de grave fue el manejo que la empresa le dio a los recursos y proyectos aprobados en desarrollo del Programa de Normalización de Redes Eléctricas -PRONE-.

A partir del año 2004 la empresa comenzó a acceder a estos recursos del Gobierno Nacional, orientados a normalizar el servicio en las zonas vulnerables.

Al igual que con los recursos del FOES, con el PRONE la empresa Electricaribe también resultó altamente privilegiada con la asignación de recursos y aprobación de proyectos, con una tendencia anual que promediaba el 90% de todos ellos, con respecto al total del país.

Sin embargo, en la práctica, los resultados no reflejaban la realidad de los recursos y proyectos aprobados. Por el contrario, se mantuvo un alto número de usuarios no normalizados y hacia quienes iban dirigidas las soluciones.

A ello se suma el hecho de que la empresa, en medio de la caótica situación del servicio, desistía de recursos y proyectos.

Un ejemplo claro de ello ocurrió en el año 2015. El 5 de agosto de ese año el Comité de Aprobación del Prone le dio vía libre a 59 proyectos, de los cuales 21 correspondían a Electricaribe: 4 en Atlántico, 3 en Bolívar, 4 en Cesar, 1 en La Guajira y 9 en el Magdalena, por valor de 13.794 millones 099 mil 288 pesos.

No obstante, inexplicablemente el 9 de diciembre del mismo año la empresa  presentó el radicado MME 2015086619 en la cual manifestó la renuncia a la celebración de los contratos y ejecución de los 21 proyectos, por lo cual fueron reasignados a Dispac (Atlántico), Emsa (Bolívar y La Guajira), Cedenar (Cesar) y Gensa (Magdalena).

En la misma fecha, la empresa presentó otros 45 proyectos, por valor de 31.352 millones 621 mil 372 pesos, por lo cual la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas, requirió a Electricaribe para que manifestará su interés de suscribir los contratos respecto a dichos proyectos o para que renunciara definitivamente, a efectos de proceder, en caso de la renuncia, a la distribución de los mismos entre las diferentes empresas seleccionadas.

Nuevamente, de manera inexplicable, Electricaribe no hizo uso de la opción de ejecutar los proyectos, priorizados y aprobados por el Ministerio de Minas y Energía, con recursos estatales, que buscaban aumentar la normalización en usuarios de redes eléctricas en las diferentes regiones de la Costa Caribe, a efectos de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios de los estratos de menores recursos, en desarrollo de la política de optimización de los recursos y mejorar los índices de eficacia y continuidad en la prestación del servicio por parte de la empresa, según cuestionó la Contraloría General de la República.

En consecuencia, los proyectos fueron reasignados a otros operadores de la siguiente forma: 1 de Córdoba y 5 de Cesar a Cedenar; 11 de Bolívar y 3 de La Guajira a Emsa; 11 del Magdalena a Gensa y 14 del Atlántico a Dispac.

Para el año de 2016, el Ministerio de Minas y Energía no convocó a los operadores de red para presentar planes, programas y/o proyectos de normalización de redes eléctricas, para la adjudicación de recursos del PRONE.

También rechazó recursos y proyectos del FAER

A todo lo anterior también se agrega que en el año 2015, mediante Actas Nos.44, de junio 17 y 45, de septiembre 25 el Comité de Aprobación del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas -FAER- le dio vía libre a 18 proyectos de Electricaribe por valor de 11.837 millones 431 mil 264 pesos, para beneficiar a 1.107 usuarios, así: Cesar (2), Sucre (4), La Guajira (10) y Bolívar (2).

Curiosamente, el mismo 9 de diciembre de 2015, bajo radicado MME No.2015086619 de la misma fecha, Electricaribe informó que desistía a celebrar los contratos para la ejecución de los citados proyectos priorizados en favor de dicha Empresa.

Por ello, el Comité decidió reasignarlos a otros operadores así: 4 de Sucre a Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P.; 10 de La Guajira y 2 de Bolívar a Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. y los 2 del Cesar a Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. (Cedenar).

Esto significa que, inexplicablemente, para la misma fecha la empresa Electricaribe renunció a ejecutar 84 proyectos de normalización eléctrica que habían sido viabilizados por el Gobierno Nacional y que contaban con financiación garantizada, por un valor global de 56.984 millones 151 mil 924 pesos.

¿A qué jugaba la empresa?

Por esta razón, la CGR advirtió que “tal como se presentó con los proyectos del Programa PRONE, la renuncia de Electricaribe a asumir la ejecución de los proyectos FAER, cuyo propósito es expandir la cobertura eléctrica en el sector rural, de los municipios que hacen parte del Sistema Interconectado Nacional -SIN-, limita el logro de los objetivos y metas planteados en este tema para la Región Caribe”. 

La nefasta experiencia de liquidaciones con la Superservicios

Así las cosas, con estas situaciones que más bien indicarían un Blackout orquestado para generar posibles situaciones favorables a la empresa, con los mismos oscuros intereses que lo generaron, es Electricaribe a través de sus anteriores directivas y ahora especialmente con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por intermedio de su Agente Interventor, Ángela Patricia Rojas Combariza (con la responsabilidad también de la Superintendente Natasha Avendaño García), quienes le deben las explicaciones a todos los usuarios de la Costa Caribe sobre este pésimo manejo que se dio en una y otra época.

En lo último, una vez más, se demuestra otra nefasta experiencia de la Superservicios en materia de intervención de empresas de la Región.

No hay que olvidar los escándalos de corrupción que rodearon la liquidación de la entonces Empresa Distrital de Telecomunicaciones (EDT) que reemplazó a la Empresa Municipal de Teléfonos (EMT). 

Ni que decir lo ocurrido con la liquidación de la Electrificadora del Atlántico (Electranta) tras la venta de los activos a la Corporación EDC (Electricidad de Caracas) - Houston Industries Energy Inc., que incluyó el escándalo de TermoRío y que llevó a la cárcel al entonces Superservicios Enrique Ramírez Yáñez; Marino Zuluaga Botero, abogado defensor de la Electrificadora y Marlén Valderrama, que se desempeñaba como Intendente de Entidades Intervenidas de la SSP.

En pocas palabras, la reciente historia en la Región Caribe indica que con la Superservicios, el remedio ha resultado peor que la enfermedad.

Y con Electricaribe no estamos con la excepción.