El caos y el detrimento patrimonial rondan en Electricaribe, que aun así exige más inversión estatal.

Jorge Mariano Rodríguez

El programa de normalización de redes, orientado a satisfacer la demanda, mantener la continuidad y mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe, tiene más problemas que soluciones.

En los últimos 14 años el Gobierno Nacional ha dispuesto recursos por el orden de los $447,873 millones para cofinanciar los proyectos diseñados por Electricaribe, con el fin de normalizar la operación, especialmente en barrios subnormales o áreas especiales.

De esos recursos $359.361 millones corresponden al Programa de Normalización de Energía (Prone), $18.869 millones del Fondo Nacional de Regalías y $69.743 millones del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Interconectadas (Faer).

Sin embargo, en la práctica muchos de los proyectos han estado rodeados de toda clase de irregularidades, atribuidas a la falta de planificación de los mismos, lo que incluso, ha generado hallazgos, por parte de la Contraloría General de la República, por presunto detrimento calculado en $3.364.3 millones, de acuerdo con las últimas auditorías realizadas.

Es de anotar que de acuerdo con lo establecido por la Ley 143 del 11 de julio de 1994, se fijó un plazo de 20 años para alcanzar los niveles igualitarios de cobertura en todo el país, aplicando los principios de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad. No obstante, al cumplirse dicho plazo, el pasado 11 de julio, el Atlántico registraba 96.712 usuarios en subnormalidad; Bolívar, 75.318; Cesar, 60.520; Córdoba, 22.336;  La Guajira, 29.850; Magdalena, 121.127 y Sucre, 12.199 usuarios.

Esto significa que pese a los recursos asignados por el Estado, gran parte de la población costeña sigue en la subnormalidad eléctrica. Y más grave aún son los hechos que han rondan los procesos de contratación.

De acuerdo con la auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) se evidenció, en las obras aprobadas en el Convenio CSA 097-2008, suscrito por Electricaribe y el Ministerio de Minas,  la existencia de  diferencias significativas entre el valor del proyecto aprobado y el valor ajustado, así como entre los usuarios iniciales y finales, lo que demuestra que los mismos no fueron adecuadamente formulados por el operador, o se presentaron por cumplir un requisito, además de denotar deficiencias de control y verificación por parte del Ministerio al aprobarlos sin que haya confrontado el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Dicho convenio, que desarrolla el suscrito el 11 de diciembre de 2008, por 107.001 millones 939 mil 360 pesos, tenía como fecha de terminación el 30 de julio de 2010, pero mediante 7 otrosíes y prórrogas su duración fue ampliada hasta el 31 de mayo de 2014. Sin embargo, 4 años y 8 meses después de haberse iniciado el convenio no se encontraban terminados 67 de los 177 proyectos contemplados, generando obras inconclusas por valor de $36.000 millones.

Concretamente, 8 de los proyectos se encontraban suspendidos en Ciénaga, Santa Marta, Zona Bananera y Fundación, en el Departamento del Magdalena, por valor de 5.965 millones 920 mil 285 pesos, lo que manifiesta no solo deficiencias en la planificación sino que, además, para la fecha de la visita técnica, noviembre de 2013, la calidad de prestación del servicio no había mejorado y el objetivo de legalizar y adecuar las redes en los sectores subnormales no se cumplió, por lo que se considera una gestión antieconómica de los recursos desembolsados a los contratistas con cargo a los  citadas obras, poniendo en riesgo los recursos públicos sin cumplir con los objetivos y metas propuestas estipuladas en dichos contratos.

Caso similar de incumplimiento y suspensión de obras se evidenció con el convenio Prone 009 para la normalización de redes eléctricas en 5 sectores de Santa Marta, cuyo plazo de ejecución era de 16 meses a partir del 30 de septiembre de 2011. No obstante, 26 meses después, en noviembre de 2013, las obras se encontraban suspendidas, pese a que a cargo a las mismas ya se habían girado 6.735 millones 361 mil 955 pesos para su ejecución.

Situaciones similares también fueron encontradas durante la auditoría practicada a los recursos destinados por la Nación correspondientes a las vigencias 2009, 2010 y 2011 a la empresa Electricaribe, a través del Prone y Fondo Nacional de Regalías.

En el caso del Convenio Prone 003 de 2008, Electricaribe suscribió el contrato CA 0024-10, para la normalización de las redes de distribución eléctrica en el Departamento del Cesar, especialmente  el denominado proyecto “LDE”. Inexplicablemente, Electricaribe liquidó unilateralmente el contrato sin que se evidencie que hubiese adelantado la imposición de multas y penas como consecuencia de incumplimiento del mismo.

Igualmente, 9 proyectos registraban avances del 0%, 1 con el 006%, 25 con ejecución entre el 11 y 60% y solo 35 habían sido terminados, corriéndose el riesgo de pérdida de la inversión realizada y posibles incrementos en el valor de las obras.

Dentro de este mismo convenio, Electricaribe consideró “inviables” otros 9 proyectos, “debido a la configuración de una causa extraña”. Para la fecha de la auditoría, 13 de septiembre de 2012, dos de los proyectos registraban 0% de avance y otro apenas el 6% de ejecución, pese a que el plazo de ejecución fijó hasta mayo de 2010.

Como hecho grave también se detectó que las pólizas para amparar el buen manejo de los anticipos, expedidas por Mapfre – Colombia (2) y la otra por Equidad Seguros Generales, se encontraban vencidas y a los contratistas les entregaron anticipos por $392.7 millones, además que debieron generar rendimientos financieros y ser consignados a la Dirección  del Tesoro nacional, por $49.7 millones. Por tal razón este hecho generaría un presunto detrimento por $442.4 millones, ya que no fue establecido documento alguno que indicase la detallada y adecuada inversión de los recursos.

 En otros 6 proyectos, con obras suspendidas, las pólizas también estaban vencidas, pese a que a los contratistas les habían pagado $1.965.2 millones, lo que igualmente generaría un presunto detrimento por dicho valor, al ser declarados previamente los contratos inviables por parte de Electricaribe.

Adicionalmente, de los dineros con destinación específica, Electricaribe realizó pagos en la vigencia 2011, por concepto de administración de los recursos y retefuentes, por $21.9

millones, cuando esos costos debían ser asumidos por la empresa en las cuentas del respectivo Patrimonio Autónomo establecido en la Fiduciaria Corficolombia S.A., lo que también causaría otro presunto detrimento por ese valor.

En los contratos Cont-CA-0041-09 y Cont-CA-133-099, para la normalización de redes eléctricas en algunos Municipios de los Departamentos de La Guajira y Bolívar, por valor de 1.187 millones 658 mil 471, Electricaribe no solo terminó pagando 1.724 millones 972 mil 813 pesos, es decir, 537 millones 314 mil 342 adicionales, lo que significa un aumento del 45.24%, sino que además canceló en exceso la suma de 147 millones 808 mil 311 pesos por dineros pagados pero no descontados a los contratistas durante la liquidación de los mismos, lo que también representaría un  presunto detrimento por esa misma cifra.

En la ejecución del convenio GSA – 2008 se estableció como imprevistos el 4% y en los pagos efectuados a los contratos liquidados para la normalización de redes en la Costa Caribe se constató que las facturas fueron pagadas sin que el contratista acreditase la inversión ni la ocurrencia de los mismos, en cuantía estimada en 787 millones 54 mil 965 pesos, generando otro posible detrimento por esa cifra.

Técnicamente las obras también han tenido toda clase de irregularidades. Uno de los casos se pudo constatar en los sectores de El Bosque y Nueva Colombia en Barranquilla, así como Olaya Herrera, 20 de Julio, 18 de Enero, Los Deseos y el Pozón de Cartagena, en los que se comprobó la existencia de postería gemela o paralela a las redes nuevas normalizadas, pese a que el contratista fue declarado legalmente “a paz y salvo” por todo lo relacionado con la ejecución de dichos contratos.

En otro caso, en el contrato CA-0072-09 suscrito el 10 de junio de 2009, para la normalización de redes eléctricas en el barrio Los Cardonales de Santa Marta, por $257.5 millones, al contratista se le cancelaron anticipos por $195.2 millones, para un plazo de obras de 8 meses. 37 meses después se constató que los trabajos no habían iniciado.

También, en desarrollo del Convenio Prone 009-2011 se suscribió el contrato de interventoría el 4 de abril de 2012 con vigencia hasta el 5 de diciembre de 2012, pero los 9 contratos tenían vigencia desde el 22 de febrero de 2012 hasta el 21 de diciembre de 2012. Es decir, la interventoría fue contratada después de iniciados los contratos y terminaba 15 días antes de vencerse los mismos. Y sin estar contratada la firma interventora emitió informes en el mes de marzo de 2012.

Del mismo modo, en el proyecto del Barrio 7 de Agosto de Sabanalarga fueron incluidos, de manera incorrecta,  777 usuarios, porque realmente eran 384, lo cual incidió para la irregular elección del mismo, el 15 de junio de 2011, después de lo cual el valor del proyecto disminuyó de $1.362.2 millones a $883 millones.

Otro hecho grave lo constituye la modificación, por parte de Electricaribe, de las especificaciones técnicas del proyecto Subestación San Juan Nepomuceno, sin concepto previo y favorable del Ministerio de Minas, lo que originó el cambio de diseño de la obra civil y la ampliación de la longitud de la línea en 3.71 kilómetros, generando un incremento de $1.033 millones, porque en el proyecto no se incluyó el costo del lote ni la cofinanciación del aporte del ente territorial, recursos adicionales que fueron solicitados al FNR al carecer Electricaribe de mecanismos para comprometer al Municipio, no obstante haberle comunicado el 2 de febrero de 2010 a la Directora de Regalías las inquietudes sobre la garantía de aportes de los entes territoriales.

En otros casos se comprobó la carencia de permisos de servidumbres y predios correspondientes, así como la falta de socialización de los proyectos y de instalación de vallas de información.

A todo ello se suma el hecho de que en 2013 el Comité de Administración del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Caprone) le devolvió a Electricaribe 27 proyecto, 24 de ellos por no cumplir con la totalidad de los requisitos y 3 porque la información no correspondía con la disponible en el Sistema Unico de Información de Servicios Públicos (SUI). Anteriormente había devuelto el proyecto del barrio La Esmeralda, en Barranquilla por no cumplir los requisitos básicos.

Mientras todo esto ocurre, crecen las protestas en la Costa Caribe por las continuas y prolongadas interrupciones del servicio de energía que duplican las del promedio nacional por usuario, las fuertes variaciones de voltaje que destruyen los electrodomésticos y las demoras de la empresa para atender las recurrentes fallas atribuibles a su propia operación.

Por estas razones, sólo se espera un mayor control y eficacia en la inversión de $4.8 billones en el próximo cuatrienio, de los cuales el Gobierno Nacional aportará $3 billones, adicionales a los $9.7 billones que la empresa ha recibido en los últimos años, a través de contribuciones, subsidios y aportes del Presupuesto General de la Nación.

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