El drama con Grama, no termina.

Por el contrario, cada vez aumenta el calvario para las numerosas familias que, ansiosas de tener techo propio, invirtieron sus ahorros y todos los esfuerzos de trabajo, con el fin de lograr el objetivo, que lejos de alcanzarlo se les convirtió en un vía crucis, todo por cuenta de los incumplimientos por parte del Grupo Andino Marín Valencia Construcciones S.A. (Grama Construcciones S.A.), a quien le confiaron los millonarios recursos.

En la mayoría de los casos se trata de bienes inmuebles sobre los cuales los clientes han pagado millonarias sumas de dinero, sin que los proyectos hayan sido terminados ni mucho menos entregadas las viviendas.

Es la situación que han venido viviendo centenares de personas desde hace cinco y hasta seis años, sin que Grama Construcciones S.A. responda por los compromisos adquiridos ni por la devolución de los recursos a quienes han desistido de los negocios por el incumplimiento de dicha compañía.

Como si fuese poco, la constructora no solo no le permite a los beneficiarios ingresar a los proyectos para verificar el estado de sus viviendas sino que, además, de manera insólita e inexplicable ha procedido a sellar con soldaduras las cerraduras y cerrojos que han colocado los propietarios en puertas y rejas, para impedirles su acceso a los inmuebles.

Es la situación que viene ocurriendo, por ejemplo, con Ana Sanandres Villarreal, quien el 26 de febrero de 2016 suscribió un contrato de opción de compra para un inmueble en el denominado proyecto Ciudad Caribe, por valor de 98 millones 534 mil pesos.

En diálogo con Zona Cero, la afectada precisó que debido a que personas ajenas al proyecto han intentado ingresar a las viviendas para hacer posesión, el día 20 de marzo del año 2021 accedió al inmueble 161 de la manzana 18, con unos protectores y ventanas y así evitar una posible invasión del mismo. 

En ese momento fue abordada por el vigilante de turno quien llamó al cuadrante de la Policía y se acercaron a ella y la dejaron ingresar una vez verificaron todos los documentos en los que constaba que había un proceso vigente entre el Grupo Andino Marín Valencia Construcciones S.A. (Grama Construcciones S.A.) y ella, todo lo cual quedó está registrado en la bitácora del guarda de seguridad.  

“La casa la encontré solo con pisos y paredes. Ese mismo día procedí a colocar las ventanas y protectores”, anotó.

Los sellos con soldaduras

Luego, el día 23 de mayo del 2021, estando en el predio realizando mantenimiento de limpieza y haciendo presencia, fue abordada por el intendente Elsy Giraldo perteneciente al CAI Vía La Cordialidad, quien le manifestó que no podía estar en ese inmueble, por el cual pagó una cuota inicial de 17 millones 654 mil 80 pesos.

“Él no contaba con orden judicial ni con un representante de Grama, sin embargo, acaté su orden. Me informo que los compañeros que me dejaron ingresar no habían hecho el procedimiento de manera correcta y que ahora el que estaba al frente era él, informándome que me haría un comparendo a lo que le respondí que esa era su labor y que lo podía realizar. No obstante, no lo realizó. Todo ese momento fue grabado a través de su celular”, precisó.

Al día siguiente se dirigió nuevamente al inmueble para retirar unas sillas que se encuentran adentro “y me sorprendo con que la puerta y la reja se encuentra con puntos de soldaduras, ocasionando daño en las mismas”.   

“Creo que es una acción injusta y abusiva, ya que yo me encuentro exigiendo mis derechos, los cuales a la fecha la Constructora Grama no me ha dado respuesta ni ha solucionado mi situación, encontrándome en total indefensión y ahora más con la presencia del policía en mención, insistiendo que sus compañeros realizaron de manera inadecuada el procedimiento por permitirme ingresar al predio, ensañándose en contra de mí persona teniendo en cuenta que la mayoría de los residentes del lugar se encuentran en la misma situación”, expresó. 

Grama Construcciones no responde por nada

Ana Sanandres Villarreal sostiene que ha agotado los recursos que la Ley le permite, solicitando la devolución del dinero por los pagos que realizó sin falta desde el año 2016, “pero tampoco me dan respuesta”. 

“Yo deseo que me permitan ingresar al predio ya que como le comento, Grama no me da solución, pero con el policía en mención me va ser imposible”, advirtió.

Indicó que de manera verbal Grama Construcciones S.A. le aplazó la entrega del inmueble a partir del mes de junio de 2018, “y no solo incumplió su compromiso sino que tampoco terminó la construcción”.

Ante los retrasos en la construcción y entrega del inmueble, el 27 de junio de 2019 presentó a Grama Construcciones S.A. una carta de desistimiento, de la cual nunca obtuvo respuesta alguna. “No había condiciones para habitar la casa y poco a poco la fueron destruyendo”, argumentó.

Al no lograr una respuesta por parte de la constructora, se dirigió a las oficinas de la empresa donde irónicamente le manifestaron que no procedía dicha petición y que debía realizar nuevamente la solicitud.

En consecuencia, el 28 de septiembre de 2019 presentó nuevamente la carta de desistimiento, la cual tampoco le fue respondida.

Fue entonces cuando decidió interponer una acción de tutela en la que la constructora tampoco respondió al traslado que le hizo el despacho judicial.

Esta acción le fue fallada a su favor y el Juez 16 Penal Municipal con Funciones en Garantías le concedió la protección al derecho fundamental de petición y le fijó a la Constructora un plazo de 48 horas para que diera una respuesta de fondo, lo cual tampoco cumplió, teniendo que recurrir a la presentación de un incidente de desacato.

Sólo el 14 de febrero del 2020, mediante correo electrónico, la constructora le informó que le harían la devolución del dinero que le quedó como excedente al momento de hacer los aportes para la adquisición de la casa, “contexto que se aleja de la realidad para poder dilatar todo”.

Desde esa fecha para acá ni dinero, ni casa y obra terminada.

Constructora en insolvencia económica

Si los cinco y hasta seis años que llevan las personas a la espera de la entrega de la casa o la devolución de los dineros se ha convertido en un martirio, más aún lo es el hecho de que la Constructora Grama S.A., el 22 de octubre del año pasado solicitó ante la Superintendencia de Sociedades la admisión al proceso de reorganización, la cual fue admitida el 14 de diciembre del 2020.

En ese momento argumentó que “en atención a diversos factores que han perjudicado la operación comercial y la práctica de su actividad económica principal, la cual es el desarrollo de actividades de construcción y negocios de finca raíz en general, así como la situación económica y laboral por la cual está atravesando actualmente el país en atención a la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica que ha afectado la operación, la empresa se ha visto inmersa en el incumplimiento de sus obligaciones tanto las principales como las solidarias a su cargo, la cual lo ha llevado a verse inmersa en situación de cesación de pagos”.

En el proyecto de calificación y graduación de los créditos presentado por la constructora a la Supersociedades, relacionó obligaciones por valor de 354.896 millones 230 mil 687 pesos, discriminadas de la siguiente manera:

- Primera clase (laboral y fiscal), 1.527 millones 475 mil 203 pesos.

- Tercera clase (hipotecarios), 193.200 millones 492 mil 170 pesos.

- Cuarta clase (proveedores estratégicos), 8.827 millones 790 mil 712 pesos.

- Quinta clase (compradores de viviendas), 151.335 millones 985 mil 502 pesos.

Esto significa que, en la eventual posibilidad que la constructora decida cancelar estas obligaciones, los compradores de viviendas, los mismos que hoy tienen sus ‘casas en el aire’, serían los últimos en la lista de pagos, en un término que oscila entre los próximos 8 a 10 años.

En efecto, así lo planteó la misma constructora ante la Supersociedades, proponiendo el siguiente cronograma de pagos en cada uno de los niveles.

- Primera clase. Período muerto de 24 meses (2 años) a partir de la confirmación del acuerdo por parte del juez del concurso. Plazo de pago de 12 meses (1 año) después del período muerto. Es decir, 3 años en esta primera fase.

- Tercera clase. 48 meses (4 años) una vez sea pagada la primera clase. Para un tiempo consolidado de 7 años.

- Cuarta clase. 1 mes después de ser pagada la tercera clase. Es decir, 7 años y 1 mes consolidado.

- Quinta clase. 35 meses (2 años y 11 meses) una vez sea pagada la cuarta clase. Para un término consolidado de 10 años.

Es de anotar que el plan de pagos propuesto por Grama Construcciones S.A. no reconocerá intereses, ni los generados con anterioridad a la solicitud de admisión, ni los generados durante el trámite de Reorganización Empresarial. 

‘Lluvia’ de embargos contra Grama

De manera simultánea, Grama Construcciones S.A. ha venido enfrentando una ‘lluvia’ de embargo, debido a sus recurrentes incumplimientos con el pago de sus obligaciones.

Es así como pesan en su contra 14 procesos de embargos en diferentes despachos judiciales de Barranquilla, 5 en la ciudad de Bucaramanga y 1 en Puente Nacional.

Dentro de los procesos se destacan los promovidos por el Banco Popular en el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla y el Banco Davivienda en el Juzgado Civil del Circuito de Puente Nacional.

A ello se suma el hecho de que al momento de ser admitida la solicitud de reorganización, la Superintendencia de Sociedades decretó el embargo de los bienes sujetos a registro de propiedad de la sociedad concursada, “con la advertencia que las medidas cautelares de naturaleza concursal prevalecen sobre las que se hayan decretado y practicado en otros procesos”.

Así las cosas, el panorama para el grupo de compradores que se sienten afectados y/o estafados es bastante oscuro, confiando entonces que se haga justicia y que este grave hecho no quede en la impunidad y por lo menos puedan recuperar sus dineros.