Víctor Manuel Mendoza Ospino tenía 17 años cuando un hombre les ofreció a él y a su amigo Darwin David Aragón Granados realizar un supuesto trabajo de albañilería.

La oferta laboral, sin embargo, fue un engaño. El 30 de abril de 2008, Víctor Manuel fue asesinado en la vereda La Honda, sector El Cairo, en el municipio de Pueblo Bello, Cesar, junto con Darwin David. Sus muertes fueron presentadas como resultado de un falso enfrentamiento armado con tropas adscritas al Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, una versión que durante años manchó los nombres de ambos jóvenes y los de sus familias. 

Desde mayo de 2008, los familiares de Víctor denunciaron su desaparición ante la Fiscalía General de la Nación. En agosto de ese año, una de sus hermanas reconoció su cuerpo a partir de fotografías y prendas de vestir, y la familia recibió el cuerpo de Víctor en medio de una investigación basada en la versión falsa de que su muerte estaba asociada a actividades con grupos armados. Su cuerpo fue alojado en una bóveda del Parque Cementerio Inversiones y Planes de la Paz Norte, en Barranquilla. 

No obstante, en 2025, representantes judiciales de la familia enviaron una solicitud a la JEP para que ordenara a dicho cementerio que se abstuviera de exhumar el cuerpo de Víctor como consecuencia de una deuda de la familia en los pagos de la permanencia del cuerpo en la bóveda.

El despacho del magistrado José Miller Hormiga Sánchez, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, entró a mediar en esta solicitud en vista de que lleva los procesos de cinco comparecientes no seleccionados como máximos responsables que estuvieron involucrados en el asesinato de Víctor Mendoza. Como parte del cumplimiento del régimen de condicionalidad, los comparecientes acordaron pagar la deuda económica de la familia Mendoza con el cementerio. Con el pago de esa deuda, se abrió la posibilidad de que el cuerpo de Víctor pudiera ser ubicado en un osario a perpetuidad.

Para lograr esta gestión, la Sala de Definición convocó reuniones entre la familia Mendoza, la Alcaldía Distrital de Barranquilla y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) con el fin de disponer las ayudas humanitarias y administrativas necesarias para que el cuerpo de Víctor fuera trasladado a un osario, en el marco de un acto que dignificara el buen nombre de la víctima y el de sus familiares. Esto, en atención a las condiciones en que esta familia recibió el cuerpo por parte de la justicia ordinaria “y la traumática situación que afronta al tener que exhumarlo para asegurar su destino final en condiciones dignas”, dicta la resolución que ordenó este acto de entrega.

Fue así como el pasado 22 de abril, en Barranquilla, en un acto simbólico lleno de sentidos recuerdos tras 18 años de este crimen, la familia Mendoza pudo garantizar un destino final para el cuerpo de Víctor Manuel Mendoza Ospino en un osario a perpetuidad, ubicado en el Parque Cementerio Inversiones y Planes de la Paz Norte. 

Este acto de dignificación de Víctor Manuel fue posible luego de un proceso concertado con su familia que incluyó espacios previos de acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica, así como de coordinación y preparación interinstitucional, en el que se buscó garantizar condiciones acordes con los deseos de la familia y con su derecho a volver a despedir a Víctor de manera digna.

Víctor Manuel nunca fue una baja en combate 

La Jurisdicción Especial para la Paz estableció que los asesinatos de Víctor Manuel Mendoza Ospino y Darwin David Aragón Granados, presentados ilegítimamente como bajas en combate, constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. 

El caso de Víctor Manuel no solo expone la gravedad de un asesinato cometido contra un adolescente, sino también el impacto de una narrativa oficial que lo señaló injustamente y que obligó a su familia a cargar con la pérdida y con la estigmatización. En el proceso relacionado con el Batallón ‘La Popa’, en el Caso 03, en marzo de 2025, la Sala de Reconocimiento llamó a reconocer responsabilidad a 28 comparecientes de la fuerza pública, al evidenciar que estos hechos hicieron parte de una práctica sistemática y no de un evento aislado, para presentar falsamente a civiles y a personas en estado de indefensión como resultados operacionales.

La JEP documentó que la entrega inicial del cuerpo de Víctor Manuel estuvo rodeada de sindicaciones y que, pese al avance de la justicia ordinaria, no se esclareció plenamente el hecho ni se reconoció la condición de civiles inocentes de quienes fueron asesinados.

La familia de Víctor Manuel lo recuerda como un joven alegre, con sueños y con una sensibilidad especial hacia los demás. “Tenía 17 años, una persona con muchos sueños, una visión muy grande, un camino muy largo por recorrer”, expresó su sobrina Grey Milena Dávila Mendoza. También lo describió como alguien con “un corazón muy bonito”, interesado por los adultos mayores y capaz de transformar los lugares a los que llegaba. Tras la muerte de su madre, cuando Víctor era muy pequeño, sus hermanas asumieron su crianza y lo acompañaron en cada etapa de su vida. 

Esa memoria íntima y real es la que este acto busca poner por encima del señalamiento que durante años distorsionó su historia. Para la familia Mendoza, esta intervención de la justicia transicional en la nueva disposición del cuerpo de Víctor representa la posibilidad de corregir una herida abierta hace 18 años: despedirlo con su verdadero nombre, honrar su vida sin señalamientos y tenerlo en un lugar que garantice su resguardo a perpetuidad.

La dimensión restaurativa de este acto radica precisamente en devolverle a Víctor Manuel aquello que la violencia intentó arrebatarle incluso después de su muerte: su condición de joven, de hijo, de hermano, de tío, de civil inocente. “La dignificación implica materializar ese principio, valor y derecho que es la dignidad. Hoy su cuerpo es entregado a sus familiares reivindicando su nombre y su condición”, explicó el magistrado Hormiga Sánchez, durante el acto en Barranquilla.

La historia de Víctor Manuel también es la historia de una familia que no aceptó quedarse con versiones incompletas. Desde 2008, enfrentó barreras, dudas, señalamientos, silencios y dificultades económicas, pero mantuvo un esfuerzo orientado a demostrar que él no era lo que dijeron que fue. 

“Quitar una estigmatización en este país es muy fuerte… Es muy duro ver que los vecinos pongan en duda si es verdad o mentira lo que esa persona es, solo porque unos medios o porque unas personas digan que él era alguien que dañaba a la comunidad”, relató una de sus familiares, al explicar lo que significó sostener esta lucha, en la que, además, como señaló la sobrina de Víctor, “nos encontramos con instituciones que nos colocaban obstáculos, barreras, pero también nos dijeron muchas mentiras. Esas mentiras no fueron obstáculo para alcanzar la dignificación de su nombre”.

La actuación de la JEP permitió activar la ruta para realizar la exhumación, la entrega digna y la posterior inhumación, conforme a lo acordado con sus familiares, incluyendo la concertación de medidas para garantizar su permanencia definitiva en condiciones dignas y evitar nuevas afectaciones a su familia. Esa decisión reconoce que la reparación también se expresa en asuntos concretos: dónde descansa una víctima, cómo se le nombra, quién decide sobre su memoria y bajo qué condiciones se honra su vida.

“Hoy recibimos a mi tío con su verdadero nombre”, dijo Grey Dávila, su sobrina, al describir un momento atravesado por la tristeza, el alivio y la certeza de que aún quedan verdades por conocer. “Hoy es un día envuelto por muchos sentimientos, pero siento una paz porque le pudimos dar una despedida con todos los honores que él se merecía”. 

Con información de la JEP

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