Los grupos armados ilegales de Colombia crecieron un 90 % durante el mandato del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), según alertó este jueves un informe elaborado por varias organizaciones de derechos humanos del país.

El reporte fue divulgado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y la plataforma ciudadana Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, que agrupa a 125 organizaciones del país.

De acuerdo con las cifras recogidas por estas organizaciones, el número de integrantes de grupos armados ilegales subió de 15.120 en diciembre de 2022 a 28.802 miembros en julio de 2026.

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El informe detalló que el 'Clan del Golfo', la mayor banda criminal del país, creció un 152 % a nivel nacional, alcanzando un control territorial en al menos 429 municipios de los 1.103 que tiene Colombia, lo que equivale a un 38,8 %.

Por su parte, las disidencias de las antiguas FARC aumentaron un 109 % con una presencia en 376 municipios, un 34 % de todo el territorio nacional.

Sólo la facción de la 'Segunda Marquetalia', una de las disidencias, comandada por alias 'Iván Márquez', creció un 108 %, puntualizó el informe.

En el caso de la guerrilla del ELN, la cifra de integrantes subió un 22 %.

El informe también alertó que entre enero y agosto de 2025, al menos 544 personas murieron a causa de explosivos, lo que supone un aumento del 145 %.

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El aumento de estos grupos armados ilegales también se reflejó en una escalada de violencia que afectó a líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Durante el mandato de Petro se registraron 3.115 agresiones, frente a las 3.544 del gobierno anterior del expresidente Iván Duque (2018-2022).

Pese a que las agresiones totales cayeron un 12 %, los asesinatos de estos líderes se mantuvieron en 618 casos y las desapariciones forzadas aumentaron un 34 %, con 78 casos.

Las organizaciones cuestionaron la política de 'paz total' de Petro porque "no logró consolidar resultados sostenibles en los territorios" debido a fallas metodológicas, de articulación institucional y a la fuerte resistencia de sectores vinculados a la ilegalidad.

"El balance de la paz conduce así a una conclusión central: el fracaso de varios procesos de negociación no demuestra que una estrategia predominantemente militar pueda resolver el conflicto", indica el informe.

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Las entidades instaron al nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella a defender los derechos humanos, la paz y la democracia, y evitar un retroceso en esa materia.

"La construcción de paz sigue requiriendo negociación política, inversión social sostenida, transformación territorial, desmantelamiento del paramilitarismo y sus redes de apoyo y garantías de verdad, justicia y reparación", añadió la información.

EFE