El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un nuevo llamado para que se garanticen los derechos humanos de las comunidades que han venido siendo afectadas por la ola invernal en la mayor parte del territorio nacional.

“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado para que el Gobierno Nacional incorpore el enfoque de derechos humanos en la implementación del decreto de declaratoria de emergencia por situación de desastres, en particular, en las tres líneas de acción: respuesta humanitaria, recuperación temprana y adaptación para el buen vivir”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en el marco del Congreso Internacional de Derechos Humanos.

“Ante el incremento de las lluvias se debe avanzar en el conocimiento del riesgo su prevención y la atención de la emergencia para asegurar la restitución de las condiciones de vida de las comunidades, principalmente las más vulnerables a quienes se les debe garantizar el goce efectivo de sus derechos al ambiente sano, la salud, el trabajo, la vivienda digna, la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la vida, entre otros”, puntualizó Camargo.  

Los datos reportados por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) muestran la grave situación que vive actualmente el país.

La temporada invernal ha afectado a 645.000 personas, 106.109 familias, además se han reportado 106.574 viviendas afectadas, se ha declarado la calamidad pública en 390 municipios de 21 departamentos y se registran 45 desaparecidos y 266 fallecidos.

En los primeros 10 meses de 2022, se presentaron 3.569 eventos relacionados con emergencias en 864 municipios de 32 departamentos.

Octubre y noviembre son los meses más lluviosos del año, para 2022 la predicción del Ideam indica que se presentarán incrementos de lluvias por encima de los niveles normales en gran parte del país, especialmente, en las regiones Caribe y Andina.

Cabe recordar, que en el mes de agosto la Defensoría del Pueblo le solicitó a la UNGRD y a los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo que evaluaran y actualizaran los planes de gestión del riesgo y con ello reforzar las actividades de monitoreo de las condiciones de riesgo y hacer seguimiento las alertas emitidas por el Ideam y la UNGRD.

*Con información de la Defensoría del Pueblo