Como resultado de una visita de inspección a 12 de los 20 establecimientos carcelarios donde las autoridades penitenciarias proyectaron la habilitación y construcción de nuevos cupos para la población privada de la libertad, la Defensoría del Pueblo advirtió un retraso considerable en las obras, así como la entrega de trabajos que no responden a los estándares mínimos fijados por el CICR, en detrimento de los derechos fundamentales de estas personas.

La Defensoría Delegada para la Política Criminal, que hizo presencia en los centros de reclusión de Girón y Bucaramanga (Santander), Girardot (Cundinamarca), Cartagena (Bolívar), Bogotá, Espinal e Ibagué (Tolima), Cómbita (Boyacá), Tierralta (Córdoba) y Cúcuta (Norte de Santander), estableció que de los 6.704 cupos proyectados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), apenas se entregaron 1.709, es decir el 25 por ciento.

Vale la pena señalar que las 12 obras inspeccionadas por el organismo de control para los derechos humanos en Colombia representan 4.106 cupos, de los cuales tan sólo hay 736 habilitados, lo cual equivale a un 18 por ciento de ejecución.

La Entidad evidenció que los cupos entregados ni siquiera alcanzan para albergar la mitad de los nuevos internos que ingresaron al sistema el año pasado, cuya cifra asciende a 4.535, y que de los 12 establecimientos evaluados por la Defensoría, únicamente dos recibieron los trabajos en la fecha estipulada por los contratos.

Más grave aún resulta el hecho de que la construcción de estos nuevos cupos sólo consiste en el aumento de camastros (que por lo demás no cumplen con los espacios adecuados para albergar a los reclusos) y baterías sanitarias, sino que no contemplan lugares para la resocialización de las personas privadas de la libertad.

Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo, que a la fecha registra un hacinamiento del 56 por ciento en las prisiones del país (dado que el número de internos se ubica en 121.613 frente a una capacidad para 77.953) y que sigue de cerca la situación de los establecimientos en Antioquia (donde el sindicato del Inpec anunció una operación reglamento por la falta de cupos y la crisis en salud), considera que ante el agotamiento de las instancias judiciales internas y los múltiples llamados a las autoridades competentes, existe un escenario evidente para decretar (como lo ha solicitado la Institución) una emergencia social al interior de las cárceles, o incluso el estado de cosas inconstitucional, a fin de atender esta grave problemática.